Manotazo de Peña Nieto

Ricardo Alemán

Para un mexicano interesado en ser Presidente las candidaturas presidenciales independientes podrían ser su perdición. ¿Por qué?

Como es público, en las próximas horas el Pleno del Senado de la República aprobará un paquete de reformas electorales que, entre otros aspectos, autoriza la reelección de legisladores, permite la iniciativa popular y, sobre todo, da luz verde a candidatos presidenciales independientes para 2012.

Está claro que se trata de reformas constitucionales novedosas, sobre todo porque devuelven a los ciudadanos derechos y libertades básicas, y porque a cambio otorga el derecho de veto presidencial al Presupuesto, y deja en manos del Congreso el control de órganos reguladores, como la Cofetel, la Cofeco y la CRE.

Sin embargo, la buena nueva que significa que el Senado apruebe esas reformas seguramente se convertirá en vergonzosa desilusión una vez que la minuta aprobada por los senadores pase a la Cámara de Diputados para que, a su vez, los representantes populares revisen, cambien y/o aprueben la misma reforma. ¿Por qué podría terminar en vergonzosa desilusión? Por un pequeño detalle.

Porque si bien para la mayoría de mexicanos la reforma pudiera parecer una saludable decisión de los senadores, y hasta un retroceso de la partidocracia, para un mexicano interesado en ser Presidente esa reforma podría ser su perdición. ¿Por qué? Vamos por partes.

¿Quién es ese mexicano para el que sería veneno puro la reforma que legaliza, entre muchas otras cosas, las candidaturas presidenciales independientes para la contienda de 2012?

Todos lo conocen: se llama Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense y más aventajado de los potenciales aspirantes presidenciales de todos los partidos. En realidad es el puntero y seguro candidato presidencial del PRI. ¿Y eso qué? ¿Cómo le perjudica a Peña la reforma política que exitosamente impulsó el senador Manlio Fabio Beltrones?

Pues nada, que para las aspiraciones presidenciales de Peña Nieto sería veneno puro una o más candidaturas presidenciales independientes. ¿Por qué? Porque un candidato independiente, sin el lastre de un partido político, con el empaque social suficiente, el respaldo de la academia, la intelectualidad y la empresa, podría tumbar sin gran dificultad, no sólo a Peña Nieto, sino a cualquiera de los candidatos de otros partidos; sea Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard o Santiago Creel.

¿Cuántos mexicanos, sean militantes partidistas o no, se enamorarían fácilmente de un candidato independiente, alejado de esas groseras y autoritarias estructuras de partido, surgido de la sociedad civil, sin el seño de esos fracasos en que se han convertido el PAN, el PRD y el PRI?

El fenómeno de un candidato independiente podría dar un vuelco dramático a la contienda presidencial de 2012, al extremo de dejar fuera de ella nada menos que a los partidos y a sus candidatos. Eso, claro, si se alinean un candidato independiente carismático y una sociedad al borde del hartazgo de los partidos políticos, de su clase política y de los gobernantes surgidos del tricolor, el amarillo, el azul, o las groseras empresas familiares que son la chiquillería. Por eso la pregunta fundamental.

¿Por qué el PAN, el PRI y el PRD aprobaron una reforma que abre la puerta a los candidatos presidenciales independientes, si es tan peligrosa para sus candidatos ya enlistados? Precisamente ahí está el truco: porque es una reforma con dedicatoria especial para Enrique Peña Nieto.

Es decir, que no sólo van contra Peña Nieto las bancadas del PAN y el PRD en el Senado, sino también la del PRI. Se confirma que estamos ante la moderna versión del “Todos Unidos Contra Peña”. Pero caprichosos como son los juegos del poder, resulta que Peña Nieto no está manco ni cojo y menos tullido. Y autoritario como suele ser, de un manotazo congelará la reforma en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque, si no lo saben, Peña tiene el control del PRI en San Lázaro. Y, claro, porque en política los milagros no existen. Al tiempo.

Columna de Ricardo Alemán, para Excélsior.

Texto integro: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=717583

Sobre el autor:

Ricardo Alemán es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es analista especializado en asuntos políticos.

La reforma posible

Alfonso Zárate Flores

Luego de 16 meses de reflexión y de debate, caminan algunas de las propuestas que de aprobarse dotarían al sistema político de mejores instrumentos para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes y, a un tiempo, reconocerían mayores poderes a los ciudadanos.

El dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos incluye avances en materias significativas. Por un lado, fortalece el poder ciudadano a partir de las candidaturas independientes para cargos de elección popular, incluido el de Presidente de la República, que podrían entrar en vigor en 2012; el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley contando con el respaldo de, al menos, el 0.25% de la lista nominal de electores (unas 205 mil personas); la consulta popular en materias sensibles e, igualmente, la reelección consecutiva de legisladores (para los diputados hasta en dos ocasiones a partir de 2015, para los senadores en una ocasión a partir de 2018).

Otras reformas se orientan a favorecer la gobernabilidad, tal es el caso de la “iniciativa preferente” que le permitiría al titular del Ejecutivo presentar a la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso hasta dos iniciativas que deberían ser dictaminadas en un plazo no mayor a 30 días; la reconducción presupuestal vinculada a la facultad del presidente de hacer observaciones al presupuesto de egresos: en caso de no aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación, seguiría vigente el del año anterior, y lo mismo en cuanto a la Ley de Ingresos; el mecanismo para resolver “provisionalmente” la falta absoluta del presidente de la república: en tanto el Congreso nombra presidente interino o sustituto, asumiría la titularidad del Poder Ejecutivo el secretario de Gobernación; si éste faltara, el de Hacienda y, en su ausencia, el de Relaciones Exteriores.

Prácticamente todos los temas de la reforma son controversiales. La posibilidad de postular al margen de los partidos a un ciudadano ejemplar, querido y respetado en un municipio pequeño o mediano constituye un avance; sin embargo, cuando lo que se disputa tiene mayor densidad —la capital de un estado, una gubernatura o, más aún, la Presidencia de la República—, los riesgos son evidentes. Uno central: que para ser viable, una candidatura “independiente” necesitaría contar con sólidos apoyos financieros y de otra índole por parte de los poderes fácticos —legales o ilegales—, y entonces resultaría que el llamado “independiente” terminaría siendo el más dependiente de los candidatos, uno que le habría vendido su alma al diablo.

La reelección de los legisladores dejará en los ciudadanos, y ya no en las dirigencias de los partidos, la posibilidad de mantenerse en el cargo, lo que debe propiciar un compromiso creciente con los electores; sólo que a veces el “pueblo bueno” se equivoca y algunos especímenes podrían hacer carrera. Por otro lado, no hay garantía de que la reelección “profesionalice” el trabajo parlamentario, aunque esa aspiración constituye una especie de consenso irrefutable entre analistas y expertos.

En lo relativo a la consulta popular, el requisito para que un grupo de ciudadanos pueda plantearla la dificulta al máximo: un número de personas equivalente al 2% de la lista nominal de electores, aproximadamente un millón y medio de ciudadanos. En los hechos, la figura se convertirá en herramienta de gobiernos y/o fuerzas legislativas sin poder suficiente para aprobar sus iniciativas.

Por otra parte, el mecanismo previsto para enfrentar la falta absoluta del presidente de la república no soluciona la tortuosa ruta de salida ante la emergencia, porque el problema político se mantiene: conformar una “mayoría absoluta” en un Congreso fragmentado en por lo menos tres fuerzas. La novedad es relativa y cuestionable: el primero en la lista de prelación sería el secretario de Gobernación, un funcionario no ratificado por el Legislativo.

Algunos temas importantes, que se han discutido por años, quedaron fuera: la reelección de los alcaldes y jefes delegacionales, no obstante que el periodo de tres años resulta claramente insuficiente; la reducción del número de diputados “plurinominales” y la supresión de esa aberración que constituyen los senadores por lista nacional; tampoco se abordó el fuero legislativo, pese a la urgencia de evitar los abusos que se cometen bajo su amparo, ni el muy escaso calendario de sesiones del Congreso (dos periodos de tres meses que se traducen en vaporera legislativa en las últimas semanas)…

A pesar de los vacíos y las ausencias, de concretarse las reformas planteadas por el Senado —falta la aduana de la Cámara de Diputados, en la que todo puede descomponerse, y más tarde la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales—, se abrirán nuevos cauces a la ciudadanía y se avanzará en un sentido democrático. Lo que tenemos en curso es, a final de cuentas, la reforma posible. Y la última de gran calado antes de que arranque, en octubre, el proceso de sucesión presidencial.

Editorial de Alfonso Zárate Flores, para El Universal

Texto integro: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52552.html

Reseña del autor:

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.

En el sector público fue, entre otros cargos, director general de Análisis Político en la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, asesor del subsecretario de Gobernación y en el ámbito académico fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED) y la Universidad Iberoamericana (UIA). Es autor y coautor de numerosos ensayos y artículos y de varios libros, entre ellos, Los usos del poder, Fin de siglo, fin de ciclo y Fox: los días perdidos.

La reforma política

Lorenzo Córdova Vianello

Finalmente, luego de más de un año de discusiones, el Senado aprobó modificaciones constitucionales en la llamada “reforma política”. A pesar de que el número de iniciativas en el Congreso para modernizar el régimen político había sido copiosa en la última década (al menos), el proceso que culminó ayer en su primera etapa en la Cámara Alta fue desatado por el decálogo que el presidente Calderón envió al Senado en diciembre de 2009 y que desencadenó que los grupos parlamentarios, así como por varios senadores, presentaran una decena de iniciativas adicionales en los meses siguientes.

En su conjunto las propuestas específicas fueron más de 50 y constituyeron un abanico variado: desde la modificación al régimen de suspensión de garantías en el artículo 29 —incorporado en la reforma de derechos humanos que hoy se discute en los estados— hasta la autonomía del Ministerio Público, pasando por mecanismos de democracia directa, sistema electoral y controles recíprocos entre poder Legislativo y Ejecutivo.

El proceso de negociación duró más de 12 meses y evidenció dos cosas. Por un lado, la existencia de consensos y disensos irreductibles (la minuta es resultado de los primeros y de algunos puntos que fueron matizados respecto de las propuestas originales, así como de algunos aspectos que implicaron un acercamiento entre las partes). Por otro lado, la fragilidad del tema ante los vaivenes cotidianos de la política. Pese a ser asuntos de una agenda que debería trascender el momento concreto, los eventos políticos gravitaron de manera importante en la negociación. Recuerdo que el senador Arturo Núñez afirmaba que “los temas calientes requieren de tiempos fríos”. Por eso es aplaudible que a pesar de que las épocas que corren no son las más propicias (las aguas de la política están agitadas), se haya hecho un esfuerzo para sacar adelante este paquete.

Los temas que aborda la reforma son: la posibilidad de que un conjunto de ciudadanos presenten iniciativas de leyes o decretos; un mecanismo de consulta popular que, si tiene más de 40% de participación resulta vinculante para los órganos públicos y que contiene suficientes candados (como control de constitucionalidad previa por la SCJN) para evitar derivaciones plebiscitarias antidemocráticas; candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular; iniciativas preferentes del Presidente que deberán tener prioridad en la discusión parlamentaria; la posibilidad expresa de que el Ejecutivo haga observaciones al Presupuesto; la reconducción de normas fiscales y gasto público para el año siguiente en la eventualidad de que las correspondientes no estén aprobadas en tiempo; un mecanismo de sustitución automática del Presidente en caso de falta absoluta en tanto el Congreso nombra Presidente interino o sustituto; ratificación por el Senado de los titulares de los órganos reguladores de competencia, energía y telecomunicaciones; encarecimiento de la cláusula de gobernabilidad en la ALDF; y reelección consecutiva acotada de los legisladores federales (y la posibilidad de que ello ocurra en los legislativos locales).

Frente a la cantidad de propuestas presentadas, podría parecer que lo logrado es muy poco. Sin duda quedan muchos temas pendientes para concretar una reforma a fondo del Estado, como la autonomía plena del Ministerio Público o la plena democratización y apertura del sistema de partidos a nuevas alternativas, o la revisión integral del sistema de responsabilidades públicas. Pero también es cierto que los temas introducidos son de gran relevancia. Hay que asumir esta reforma como un paso consistente pero insuficiente en el proceso de transformación democrática del diseño del Estado, y en nosotros queda crear el contexto de exigencia para que el tema no se finiquite sino que siga teniendo prioridad. Debemos verla —y exigir que así sea— como un paquete de cambios  desencadenante y no concluyente. El proceso legislativo acaba de iniciar. Falta que la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales avalen. Muchos dicen que la Cámara Baja bloqueará los cambios atendiendo a intereses concretos. Sería algo inaceptable ceder a esas mezquindades y cortoplacismos. Queda a todos el impedir que ello ocurra.

Editorial de Lorenzo Córdova Vianello, para El Universal.

Texto integro: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52557.html

Reseña del autor:

Lorenzo Córdova Vianello, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.