Alfonso Zárate Flores
La alternancia y su preámbulo —la pérdida de mayoría del PRI en la Cámara de Diputados en 1997— hicieron evidente que una clase política rústica, poco habituada a la convivencia democrática, tenía dificultades para procesar sus diferencias. En ese momento, el Presidente de la República no sólo dejó de ser Gran Legislador, sino que, desde entonces, varias de sus iniciativas de mayor calado han sido “congeladas” o empobrecidas por la fuerza de las oposiciones.
A la ausencia de una mayoría simple del partido del presidente en ambas cámaras se ha agregado la incapacidad en el Ejecutivo para convertir la política —diálogo, negociación, intercambio— en instrumento privilegiado para la gestión de gobierno en un contexto de pluralidad y competencia por los espacios de poder.
Sin ruta ni destino, Fox ignoró las aportaciones que presentaron decenas de expertos en las mesas para la reforma del Estado que condujo Porfirio Muñoz Ledo y no supo qué hacer para lograr los votos necesarios para acompasar las instituciones a las nuevas circunstancias.
En el primer tramo del gobierno de Felipe Calderón, un ejercicio sagaz desde Los Pinos permitió avanzar en temas de enorme importancia, como la nueva Ley del ISSSTE, pero en algún momento se perdió el rumbo; quizás cuando Juan Camilo Mouriño dejó la Oficina de la Presidencia para ocupar la titularidad de Gobernación.
Para atender las dificultades de un gobierno sin mayoría en el Congreso, el Presidente planteó la “segunda vuelta” en la elección presidencial (mecanismo que, aunque no garantiza un gobierno de mayoría, obligaría a la formación de alianzas partidistas para alcanzar el porcentaje de votación requerido). Peña Nieto ha propuesto volver a la “cláusula de gobernabilidad” para otorgar una mayoría absoluta en el Congreso (50% más uno) al partido que obtenga una votación de “cerca del 40%”, lo que implicaría una sobrerrepresentación no decidida por los electores de al menos 10%.
Con el mismo objetivo, favorecer la gobernabilidad, el senador Beltrones presentó una iniciativa de reforma que abriría al Ejecutivo la opción de integrar un gobierno de mayoría sumando aliados a su gobierno. El presidente electo cuyo partido no cuente con la fuerza legislativa necesaria podría convenir con otros partidos la formación del gabinete y el programa político a instrumentar durante la legislatura; en tal caso, el Senado ratificaría a los integrantes del gabinete —seguirían siendo nombrados y removidos libremente por el presidente— y ambas cámaras registrarían las políticas públicas convenidas para su observancia y seguimiento.
Un gobierno de coalición —se apunta en la exposición de motivos— permitiría la construcción de un sistema estable de alianzas entre fuerzas políticas y entre los poderes que fortalecería el funcionamiento del Estado, le daría mayor capacidad para procesar las discrepancias naturales que implica la pluralidad y dotaría tanto al Ejecutivo como al Legislativo de una nueva capacidad para conducir las transformaciones que México requiere.
En la siguiente legislatura, el presidente podría integrar su gobierno conforme a los resultados obtenidos en la elección federal intermedia; es decir, podría decidir gobernar en solitario o, de nuevo, integrar una coalición política que le agregara respaldo legislativo y gobernabilidad al ejercicio gubernamental.
Se trata de instaurar incentivos para la cooperación política o, dicho de otra manera, de transitar de los “gobiernos divididos” a los “gobiernos compartidos”.
Sin embargo, hay muy pocas posibilidades de que esta iniciativa se discuta seriamente en la Cámara de Diputados, no obstante que un grupo de legisladores de distintos partidos ha recibido positivamente la propuesta y sumado un ingrediente más al debate: la necesidad de que el eventual “gobierno de coalición” sea conducido por un “jefe de gabinete” con responsabilidad ante el Congreso. En cualquier caso, todo indica que el contexto sucesorio ha clausurado la posibilidad de acuerdos sustantivos.
Por otra parte, el ánimo preponderante en estos días —que podrá cambiar en los meses de campaña— parece anticipar una victoria contundente del PRI en la elección presidencial que podría contagiar las otras elecciones, lo que haría vana esta discusión. “The winner takes it all”, nos recuerda Abba, por lo que tener la mayoría en el Congreso, así sea precaria, invitaría al triunfador a gobernar sin atarse a coaliciones de ningún tipo, aunque esto signifique hacerlo con la férrea oposición de formaciones políticas con una representatividad equiparable a la suya.
Una columna de Alfonso Zárate Flores, para El Universal
Sobre el autor:
Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.
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