La reforma posible

Alfonso Zárate Flores

Luego de 16 meses de reflexión y de debate, caminan algunas de las propuestas que de aprobarse dotarían al sistema político de mejores instrumentos para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes y, a un tiempo, reconocerían mayores poderes a los ciudadanos.

El dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos incluye avances en materias significativas. Por un lado, fortalece el poder ciudadano a partir de las candidaturas independientes para cargos de elección popular, incluido el de Presidente de la República, que podrían entrar en vigor en 2012; el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley contando con el respaldo de, al menos, el 0.25% de la lista nominal de electores (unas 205 mil personas); la consulta popular en materias sensibles e, igualmente, la reelección consecutiva de legisladores (para los diputados hasta en dos ocasiones a partir de 2015, para los senadores en una ocasión a partir de 2018).

Otras reformas se orientan a favorecer la gobernabilidad, tal es el caso de la “iniciativa preferente” que le permitiría al titular del Ejecutivo presentar a la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso hasta dos iniciativas que deberían ser dictaminadas en un plazo no mayor a 30 días; la reconducción presupuestal vinculada a la facultad del presidente de hacer observaciones al presupuesto de egresos: en caso de no aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación, seguiría vigente el del año anterior, y lo mismo en cuanto a la Ley de Ingresos; el mecanismo para resolver “provisionalmente” la falta absoluta del presidente de la república: en tanto el Congreso nombra presidente interino o sustituto, asumiría la titularidad del Poder Ejecutivo el secretario de Gobernación; si éste faltara, el de Hacienda y, en su ausencia, el de Relaciones Exteriores.

Prácticamente todos los temas de la reforma son controversiales. La posibilidad de postular al margen de los partidos a un ciudadano ejemplar, querido y respetado en un municipio pequeño o mediano constituye un avance; sin embargo, cuando lo que se disputa tiene mayor densidad —la capital de un estado, una gubernatura o, más aún, la Presidencia de la República—, los riesgos son evidentes. Uno central: que para ser viable, una candidatura “independiente” necesitaría contar con sólidos apoyos financieros y de otra índole por parte de los poderes fácticos —legales o ilegales—, y entonces resultaría que el llamado “independiente” terminaría siendo el más dependiente de los candidatos, uno que le habría vendido su alma al diablo.

La reelección de los legisladores dejará en los ciudadanos, y ya no en las dirigencias de los partidos, la posibilidad de mantenerse en el cargo, lo que debe propiciar un compromiso creciente con los electores; sólo que a veces el “pueblo bueno” se equivoca y algunos especímenes podrían hacer carrera. Por otro lado, no hay garantía de que la reelección “profesionalice” el trabajo parlamentario, aunque esa aspiración constituye una especie de consenso irrefutable entre analistas y expertos.

En lo relativo a la consulta popular, el requisito para que un grupo de ciudadanos pueda plantearla la dificulta al máximo: un número de personas equivalente al 2% de la lista nominal de electores, aproximadamente un millón y medio de ciudadanos. En los hechos, la figura se convertirá en herramienta de gobiernos y/o fuerzas legislativas sin poder suficiente para aprobar sus iniciativas.

Por otra parte, el mecanismo previsto para enfrentar la falta absoluta del presidente de la república no soluciona la tortuosa ruta de salida ante la emergencia, porque el problema político se mantiene: conformar una “mayoría absoluta” en un Congreso fragmentado en por lo menos tres fuerzas. La novedad es relativa y cuestionable: el primero en la lista de prelación sería el secretario de Gobernación, un funcionario no ratificado por el Legislativo.

Algunos temas importantes, que se han discutido por años, quedaron fuera: la reelección de los alcaldes y jefes delegacionales, no obstante que el periodo de tres años resulta claramente insuficiente; la reducción del número de diputados “plurinominales” y la supresión de esa aberración que constituyen los senadores por lista nacional; tampoco se abordó el fuero legislativo, pese a la urgencia de evitar los abusos que se cometen bajo su amparo, ni el muy escaso calendario de sesiones del Congreso (dos periodos de tres meses que se traducen en vaporera legislativa en las últimas semanas)…

A pesar de los vacíos y las ausencias, de concretarse las reformas planteadas por el Senado —falta la aduana de la Cámara de Diputados, en la que todo puede descomponerse, y más tarde la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales—, se abrirán nuevos cauces a la ciudadanía y se avanzará en un sentido democrático. Lo que tenemos en curso es, a final de cuentas, la reforma posible. Y la última de gran calado antes de que arranque, en octubre, el proceso de sucesión presidencial.

Editorial de Alfonso Zárate Flores, para El Universal

Texto integro: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52552.html

Reseña del autor:

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.

En el sector público fue, entre otros cargos, director general de Análisis Político en la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, asesor del subsecretario de Gobernación y en el ámbito académico fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED) y la Universidad Iberoamericana (UIA). Es autor y coautor de numerosos ensayos y artículos y de varios libros, entre ellos, Los usos del poder, Fin de siglo, fin de ciclo y Fox: los días perdidos.