Peña Nieto y las candidaturas independientes

Leo Zuckermann

Si Enrique Peña Nieto no quiere la reforma política es porque considera que no le conviene a sus intereses. Supongo que hay varias medidas que le disgustan al gobernador mexiquense de lo aprobado por el Senado. Pero hay una en particular que es evidente que podría acarrearle riesgos en su carrera hacia Los Pinos y potencialmente como Presidente de la República. Me refiero a las candidaturas independientes.

Lo aprobado y lo que falta

El Senado aprobó una reforma al artículo 35 de la Constitución para permitir que no sólo los partidos puedan registrar a candidatos de elección popular. De tal suerte, los ciudadanos “de manera independiente”también estarían en la posibilidad de solicitar su registro siempre y cuando “cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.

Los senadores dejaron en la ley secundaria las reglas para que un ciudadano independiente de un partido pueda registrarse como candidato. En dichas normas estaría escondido el diablo. La legislación secundaria podría ser tan dura, con requisitos prácticamente imposibles de cumplir, como presentar las firmas de dos por ciento del padrón de electores apoyando el registro, que las candidaturas independientes se convertirían en un derecho más teórico que práctico.

Sin embargo, como quedó el texto aprobado por los senadores, turnado para su aprobación o rechazo en la Cámara de Diputados, sería posible que un ciudadano se inscribiera para competir por cualquier puesto de elección popular incluido el de Presidente de la República.

¿Para qué arriesgarse?

Y aquí vendría el primer cuestionamiento que podría hacerse Peña Nieto. ¿Para qué abrir esta posibilidad? Él va arriba en las encuestas rumbo a la Presidencia y supongo que no le hace nada de gracia que un candidato independiente, que podría tener cierto arrastre popular, apareciera de pronto en la contienda presidencial con el apoyo abierto o tácito de otros partidos cuyos candidatos no crecieran.

Peña Nieto puede llegar a Los Pinos con el voto duro del PRI y atrayendo a parte de los electores independientes. En este segmento estará la verdadera batalla de 2012 y lo que le conviene al PRI es que el PAN y la izquierda vayan divididos en la elección presidencial para que ésta no se polarice entre un candidato priista y uno antipriista. El PRI trataría de atraer a los votantes independientes tomando en cuenta, por un lado, el desgaste con el que llegaría el PAN a 2012 después de 12 años de gobernar y, por el otro, la mala imagen que tiene el que seguramente será el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en este segmento del electorado.

No hay que ser ningún genio para ver que esta estrategia, con una buena campaña, apoyada por grupos de interés tan poderosos como las televisoras, podría llevar a Peña Nieto a Los Pinos. Entonces, ¿por qué en sus cinco sentidos el candidato favorito del PRI debería arriesgarse a abrir la posibilidad de que, de pronto, salga por ahí un candidato independiente que cambie las condiciones de esta estrategia que parece ganadora? ¿Para qué mover el escenario si está a todo dar para el PRI? No. Peña Nieto tiene incentivos para no abrir un nuevo flanco potencial que pueda significarle perder la elección de 2012.

Además está el “chaqueterismo”

Más aún, en términos políticos, las candidaturas independientes pueden acabar debilitando al PRI. Digamos, por ejemplo, que hay dos candidatos fuertes de este partido para ser gobernador de un estado. El partido inevitablemente tiene que decidirse por uno de ellos. El otro, que queda enojado, pues tiene dos opciones: disciplinarse o tomar la costosa decisión de renunciar a su partido e inscribirse como candidato de otro. Justo lo que pasó en 2010 con Mario López Valdez en Sinaloa o José Rosas Aispuro en Durango, y en 2011 con Ángel Aguirre.

A los priistas les choca este tipo de defecciones que coloquialmente conocen como “chaqueterismo” ya que el político en cuestión cambia de chaqueta partidista de un día para otro. En este sentido, lo que los priistas quieren es subirle los costos políticos a los que consideren que van a“chaquetear”. Pues bien, las candidaturas independientes harían exactamente lo contrario: bajarían los costos de irse del partido. El perdedor de la candidatura del PRI ya no tendría que derivar hacia el PAN o el PRD, con todo lo que ello implica en términos de imagen pública, sino que podría lanzarse como independiente, siempre y cuando, por supuesto, las reglas para el registro de este tipo de candidaturas fueran asequibles.

Las candidaturas independientes previsiblemente generarían una mayor salida de políticos del PRI desencantados por no haber sido los elegidos de su partido para representarlo en las urnas. En este sentido, incentivarían la indisciplina partidista. Y esto a los priistas, que son animales de partido, les choca. Sobre todo, supongo, al priista que cree que va a regresar a Los Pinos y necesitar gran disciplina de su partido para poder gobernar. Todo lo cual es una razón más para oponerse a las candidaturas independientes.

En conclusión

A Peña no parecen convenirle las candidaturas independientes aprobadas por el Senado y que están congeladas en la Cámara de Diputados. No importa que potencialmente oxigenaran la vida política del país. No importa que generaran una mayor competencia en un sistema oligopolista concentrado en tres partidos políticos. Eso es lo deseable para la democracia. Pero no para el gobernador del Estado de México que lo que quiere es ser Presidente.

 

Una columna de  Leo Zuckerman, para Excélsior.

 

Texto integro: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=735311 

 

Sobre el autor:

 

Leo Zuckermann Behar es un comentarista y académico mexicano. Estudió la licenciatura en administración pública en El Colegio de México y la maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Cuenta con dos maestrías de la Universidad de Columbia en Nueva York donde es candidato a doctorado en ciencias políticas.

Trabajó para la Presidencia de la República en México y la empresa consultora McKinsey and Company. Fue secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) donde actualmente es profesor afiliado de la División de Estudios Políticos.

Reforma política: ¿Dónde quedó la grandeza?

Pascal Beltrán del Río

Se genera la impresión de que la clase política es como una de esas personas que, como resultado de una experiencia traumática o un período de ocio prolongado, olvida todos sus conocimientos y capacidades.

Han pasado apenas 15 años desde la reforma política de 1996, la última gran reingeniería del diseño institucional del país.

En la primavera de aquel año, las principales fuerzas políticas llevaron a cabo negociaciones en la Secretaría de Gobernación —en concreto, en la calle de Barcelona— para realizar una serie de modificaciones constitucionales que, una vez aprobadas, tendrían implicaciones profundas y positivas en la democratización de México.

Pese a su cercanía en el tiempo, qué lejos se ven esos hechos.

¿Qué fue de ese impulso que dio para ciudadanizar y otorgar autonomía al Instituto Federal Electoral, así como para crear el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Jefatura de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal?

¿Dónde está la capacidad de negociación que mostraron los protagonistas de aquella reforma, muchos de los cuales siguen siendo políticos en activo, y la altura de miras para entender que no se puede ganar todo y que hay que ceder cuando se trata de construir una casa en que quepan los mexicanos de cualquier pensamiento?

Cuando uno ve los resultados magros de la reforma política aprobada la semana pasada por el Senado y que ha sido rechazada por el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, se genera la impresión de que la clase política es como una de esas personas que, como resultado de una experiencia traumática o un período de ocio prolongado, olvida todos sus conocimientos y capacidades.

Las grandes reformas no se hacen solas, ni siquiera cuando existen las llamadas condiciones objetivas para su concepción. Necesitan conductores, gente capaz de llegar a acuerdos con los adversarios y de convencer a los radicales en caso de que lo que se propone es bueno para todos.

 

Aquella reforma, que se gestó entre abril y mayo de 1996, y vio la luz el 25 de julio siguiente durante un famoso encuentro en Palacio Nacional, habría sido imposible sin el talento, el liderazgo y la dedicación del presidente Ernesto Zedillo, el subsecretario de Gobernación Arturo Núñez, el perredista Porfirio Muñoz Ledo, los priistas María de los Ángeles Moreno y Santiago Oñate y los panistas Carlos Castillo Peraza (qepd) y Felipe Calderón. Con el esfuerzo de ellos, y sin duda de muchos más, se dio forma al vehículo del cambio que después condujo hábilmente José Woldenberg, como primer presidente del nuevo Consejo General del IFE.

Lo ha relatado el propio Woldenberg: quienes se acercaron a él para ofrecerle el cargo fueron Ricardo García Cervantes y José Antonio García Villa, panistas para quienes la añeja militancia de izquierda del aún consejero ciudadano del IFE no fue un obstáculo para que él se convertiera en la cabeza del renovado Instituto.

Usted, estimado lector, sin duda reconocerá varios si no es que todos los nombres arriba mencionados. Como dije antes, la mayoría de esas personas sigue activa en la política, pero ¿qué ha sido de la generosidad y visión de estadista que demostraron en aquel tiempo? Hoy se han atrincherado en sus posiciones y se han vuelto tan radicales como los radicales a los que tuvieron que contener hace 15 años, al punto de ser difícil reconocerlos como autores de esa reforma.

Después de 1996, lo que ha privado en el ambiente político ha sido el cálculo convenenciero de lo que beneficia a la propia facción, no al país en su conjunto. Y si no, vea lo que ha sido del IFE, que ha pasado de ser un guardián del derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus autoridades y representantes, a otro campo de batalla de los partidos. 

 

 ¿Cuánto queda del prestigio de aquel IFE de 1996-2003? En el mejor de los casos, todavía es un instrumento técnicamente capaz de instalar urnas y contar votos, pero ha dejado de ser completamente un árbitro eficaz cuyas decisiones no caen bajo la sombra de la sospecha.

Partidizado al extremo —nadie duda que si los diputados eligen a los consejeros, éstos tengan algún tipo de identidad partidista, pero hay grados—, el IFE ya no provoca respeto en nadie.

En 2007 los partidos decidieron remover al Consejo, cuando apenas llevaba cuatro años de constituido, y desde octubre del año pasado, el IFE es como un coche al que falta una llanta, pues está trabajando sin la tercera parte de sus integrantes, en violación de varios preceptos legales.

El período de sesiones del Congreso terminó ayer sin que los diputados pudieran ponerse de acuerdo en el nombramiento de tres consejeros, pues el PRI quiere poner a dos de ellos (uno de ellos para su aliado el Partido Verde), y el PAN y el PRD insisten en que cada uno de los tres partidos grandes proponga a uno.

Sin un acuerdo, será imposible avanzar, pues se requiere una mayoría calificada de dos tercios de la Cámara de Diputados para nombrar a los consejeros, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución.

Desde un punto de vista estrictamente partidocrático la razón asiste al PRI, pues sólo uno de los consejeros que salieron en octubre, por la reforma de 2007, tenía afinidad con el PAN, mientras que los otros dos respondían a los intereses del PRI y el PVEM. Aun así, el nombramiento de los consejeros está parado desde hace más de seis meses —incluso se echó para atrás una consulta pública en la que se revisó el currículum de más de cien aspirantes a ocupar esos cargos— porque el PAN y el PRD mantienen su exigencia de que se repartan de otro modo.

El PRI ya le hizo saber al Presidente de la República que en caso de que no se acepte que dos de los tres consejeros sean propuestos por priistas y verdes, hará pública su descalficación de todo el Consejo General y promoverá que se busquen nueve consejeros nuevos, “con perfiles ciudadanos, que no respondan a intereses partidistas, con todo lo difícil que eso pueda ser”, según me dijo una fuente del tricolor.

Lo grave es que estamos a menos de un semestre de que comience el proceso electoral federal de 2012 y el IFE vuelve a sufrir el manoseo de los principales participantes, lo que anticipa una campaña polémica y polarizada.

Si, de por sí, la confrontación verbal entre los partidos y la falta de acuerdos sobre las reformas hablaba de una voluntad de la partes de conquistar la Presidencia el año entrante a como dé lugar, la ausencia de un árbitro respetado es un signo ominoso.

Qué diferencia con lo ocurrido hace 15 años, cuando la voluntad de consenso y la altura de miras aguantó incluso que el PRD y el PAN se levantaran de la mesa de negociaciones (el primero por los resultados de una elección en Tabasco, y el segundo por los de otra otra, en Huejotzingo, Puebla).

Tres lustros después los partidos no pueden acordar una reforma política mínima, como la que aprobó el Senado. Y no es que sea mala, tiene elementos importantes, como las candidaturas ciudadanas y la reelección de legisladores, que existen en muchos otros países, aunque se trata de una reforma que deja mucho qué desear frente a las necesidades de un electorado que ya ve con cinismo al sistema de partidos.

Rebasada su generosidad por su ambición, la clase política mexicana ha llegado al límite de su competencia. Nada nuevo ni nada mejor pueden esperar de ella los ciudadanos. Sin embargo éstos tendrían que exigir que, cuando menos, se apruebe la reforma que está en la mesa, pues no pueden darse el lujo de abandonarse a la desesperanza.

Como bien afirmaba el gran Ernesto Sábato, fallecido apenas este sábado, “el mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria, pero hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y esa es nunca resignarse”.

 

Columna de Pascal Beltrán del Río, para Excélsior

Texto integro: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=733331

Sobre el autor:

Pascal Beltrán del Río Martin (Lansing, Michigan, 11 de abril de 1966) es un periodista mexicano. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría de entrevista, en las ediciones 2003 y 2007.

En 1986 ingresó en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se licenció en Periodismo y Comunicación Colectiva.

De 1988 a 2003 trabajó en la revista Proceso; durante este tiempo publicó el libro Michoacán, ni un paso atrás (1993) y fue corresponsal en la ciudad de Washington, D.C. (1994-99), además de Subdirector de Información (2001-2003).

Manotazo de Peña Nieto

Ricardo Alemán

Para un mexicano interesado en ser Presidente las candidaturas presidenciales independientes podrían ser su perdición. ¿Por qué?

Como es público, en las próximas horas el Pleno del Senado de la República aprobará un paquete de reformas electorales que, entre otros aspectos, autoriza la reelección de legisladores, permite la iniciativa popular y, sobre todo, da luz verde a candidatos presidenciales independientes para 2012.

Está claro que se trata de reformas constitucionales novedosas, sobre todo porque devuelven a los ciudadanos derechos y libertades básicas, y porque a cambio otorga el derecho de veto presidencial al Presupuesto, y deja en manos del Congreso el control de órganos reguladores, como la Cofetel, la Cofeco y la CRE.

Sin embargo, la buena nueva que significa que el Senado apruebe esas reformas seguramente se convertirá en vergonzosa desilusión una vez que la minuta aprobada por los senadores pase a la Cámara de Diputados para que, a su vez, los representantes populares revisen, cambien y/o aprueben la misma reforma. ¿Por qué podría terminar en vergonzosa desilusión? Por un pequeño detalle.

Porque si bien para la mayoría de mexicanos la reforma pudiera parecer una saludable decisión de los senadores, y hasta un retroceso de la partidocracia, para un mexicano interesado en ser Presidente esa reforma podría ser su perdición. ¿Por qué? Vamos por partes.

¿Quién es ese mexicano para el que sería veneno puro la reforma que legaliza, entre muchas otras cosas, las candidaturas presidenciales independientes para la contienda de 2012?

Todos lo conocen: se llama Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense y más aventajado de los potenciales aspirantes presidenciales de todos los partidos. En realidad es el puntero y seguro candidato presidencial del PRI. ¿Y eso qué? ¿Cómo le perjudica a Peña la reforma política que exitosamente impulsó el senador Manlio Fabio Beltrones?

Pues nada, que para las aspiraciones presidenciales de Peña Nieto sería veneno puro una o más candidaturas presidenciales independientes. ¿Por qué? Porque un candidato independiente, sin el lastre de un partido político, con el empaque social suficiente, el respaldo de la academia, la intelectualidad y la empresa, podría tumbar sin gran dificultad, no sólo a Peña Nieto, sino a cualquiera de los candidatos de otros partidos; sea Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard o Santiago Creel.

¿Cuántos mexicanos, sean militantes partidistas o no, se enamorarían fácilmente de un candidato independiente, alejado de esas groseras y autoritarias estructuras de partido, surgido de la sociedad civil, sin el seño de esos fracasos en que se han convertido el PAN, el PRD y el PRI?

El fenómeno de un candidato independiente podría dar un vuelco dramático a la contienda presidencial de 2012, al extremo de dejar fuera de ella nada menos que a los partidos y a sus candidatos. Eso, claro, si se alinean un candidato independiente carismático y una sociedad al borde del hartazgo de los partidos políticos, de su clase política y de los gobernantes surgidos del tricolor, el amarillo, el azul, o las groseras empresas familiares que son la chiquillería. Por eso la pregunta fundamental.

¿Por qué el PAN, el PRI y el PRD aprobaron una reforma que abre la puerta a los candidatos presidenciales independientes, si es tan peligrosa para sus candidatos ya enlistados? Precisamente ahí está el truco: porque es una reforma con dedicatoria especial para Enrique Peña Nieto.

Es decir, que no sólo van contra Peña Nieto las bancadas del PAN y el PRD en el Senado, sino también la del PRI. Se confirma que estamos ante la moderna versión del “Todos Unidos Contra Peña”. Pero caprichosos como son los juegos del poder, resulta que Peña Nieto no está manco ni cojo y menos tullido. Y autoritario como suele ser, de un manotazo congelará la reforma en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque, si no lo saben, Peña tiene el control del PRI en San Lázaro. Y, claro, porque en política los milagros no existen. Al tiempo.

Columna de Ricardo Alemán, para Excélsior.

Texto integro: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=717583

Sobre el autor:

Ricardo Alemán es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es analista especializado en asuntos políticos.

Piden al Senado ajustar legislación electoral

Académicos, políticos e intelectuales advierten que sería conveniente que se ajustaran las reformas antes de que inicie la contienda electoral del 2012 

Francisco Resémdiz

Intelectuales, académicos y políticos pidieron al Senado de la República ajustar la legislación electoral del país antes de que arranque la contienda política del 2012 en que se elegirán un Presidencia de la República, 500 diputados federales y 128 senadores.

Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente, José Woldenberg, Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Diego Valadés, Héctor Aguilar Camín y Miguel Alemán Velasco, enviaron al Senado una carta en la que advierten que la reforma de 2007 spotizó y adelgazó el debate electoral.

El documento fechado el 28 de febrero señala:

"En 2007 el Congreso realizó una importante reforma en materia electoral. Construyó un nuevo modelo de comunicación política durante las campañas. No obstante, en las campañas federales de 2009 la mencionada reforma tuvo una derivación que nos parece perniciosa: la llamada ‘spotización' de la propaganda electoral.

"Distribuido el tiempo de radio y televisión en pequeños segmentos de 20 y 30 segundos la publicidad tendió a parecerse más a la de tipo comercial que a la deseable comunicación política. Se adelgazó el debate, los mensajes se transformaron en ‘comerciales' y las posibilidades de los análisis se redujeron hasta convertirse en simples frases ‘ocurrentes'".

Los firmantes advierten que, antes de que inicie el proceso electoral 2011-2012, "sería conveniente que se ajustara ese aspecto de la reforma" para abrir la posibilidad de que los tiempos del Estado a que tienen derecho los partidos se distribuyan de manera diferente.

Proponen que se distribuyan de tal manera que se fomentaran los programas de debate entre partidos y espacios unitarios en los que cada partido pueda exponer su tesis, su análisis y sus propuestas y mantener una pequeña franja de spots.

"Pero lo medular sería utilizar las posibilidades que abren los grandes medios de comunicación masiva para intentar inyectarle un mayor sentido al debate electoral. Hay tiempo para esa reforma. La creemos necesaria. Sin duda ayudaría a que el proceso electoral contribuya a una mejor comprensión del momento que vive el país. El tema está en su mano", indican los actores.

Hacen notar que lo mejor que puede ocurrirle al país es que durante las campañas la pluralidad política que coexiste en México se exprese, recree y contienda de manera que los diagnósticos y propuestas aparezcan con toda claridad ante los electores.

Pidieron no perder la "valiosa oportunidad" de que las campañas electorales coadyuven a colocar en el centro de la atención pública los problemas del país y las eventuales soluciones que los partidos y candidatos propongan, de elevar el nivel el debate e incluso de irradiar pedagogía que ayuden a comprender los complejos retos que el país afronta.

Nota de Francisco Resémdiz para El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/notas/748658.html

Pide TRIFE facultad para sancionar a funcionarios

La presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, demandó al Congreso de la Unión 'un catálogo de sanciones' para los funcionarios que cometan delitos electorales; actualmente, dijo, sólo se detienen las conductas, se sanciona a los partidos y a los candidatos, pero no a los servidores públicos

José Gerardo Mejía | El Universal

En caso de que en los comicios presidenciales de 2012 haya un resultado cerrado como hace casi cinco años, el recuento voto por voto será la vía para definir en septiembre de ese año al vencedor de la contienda de manera inapelable, afirma María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En entrevista con EL UNIVERSAL, la magistrada califica como “desafortunado” que aún no exista un catálogo de sanciones a servidores públicos que violen la Constitución, incluido el Ejecutivo federal, y considera viable que el Poder Legislativo realice adecuaciones a la ley electoral en esta materia, así como en lo relativo a las causales de nulidad de los comicios, para lo cual tendría como límite hasta junio.

Y ante el incremento de la guerra sucia en las campañas electorales, advierte que el Tribunal Electoral no puede ser censor de nadie y que únicamente tutela el ejercicio de la libertad de expresión dentro de la Constitución, sin que evidentemente, se haga “denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto”.

¿Qué propone para la reforma electoral de los comicios de este año y de 2012?

Hace falta un catálogo de sanciones a servidores públicos que incumplan con el artículo 134 constitucional en materia electoral; porque pudiera haber sanciones en el ámbito penal y en el de responsabilidad administrativa, pero en lo electoral no lo hay. O porque incumplan con la legislación electoral. No se puede sancionar a servidores públicos. Sólo se detienen las conductas, se sanciona a los partidos y a los candidatos.

Sobre justicia electoral...

Ya se prevé expresamente la posibilidad del Tribunal de revisar la validez de la elección presidencial o declarar la nulidad en dichos comicios, pero tenemos métodos más cuantitativos, por el número de nulidad de votación en casilla o las casillas que no se hayan instalado. Quizá pudiera el Legislativo revisar algunas de las causales de nulidades que van más concentradas a las casillas.

¿Esto podría regular el papel del Ejecutivo en elecciones? En 2006 el Tribunal resolvió que el presidente Vicente Fox afectó la equidad de los comicios presidenciales...

Este Tribunal ya ha resuelto confirmar las faltas que el IFE decretó para gobernadores, diputados y alcaldes. Se da vista a los congresos, auditorías y contralorías competentes. Pero no se puede aplicar una multa, una inhabilitación o un apercibimiento o una amonestación pública. [...] Ahora, si todas o algunas de estas faltas llevan al terreno del estudio de la validez de la elección, se debe ponderar el grado o la gravedad de esa conducta en la afectación del proceso electoral. Si una falta es suficiente para anular todo el proceso electoral o si nos quedamos en el terreno exclusivo de la conducta y de la sanción.

Esta falta de sanciones al 134 constitucional, ¿puede generar un marco de impunidad?

Si hay desvío de recursos públicos, [puede haber] juicio político. Aunque estuviera prevista la sanción electoral, nosotros no podríamos conocer de una falta penal o administrativa distinta a la electoral.

Entonces, no hay impunidad en ese terreno, nada más sería detener la conducta y declarar la responsabilidad correspondiente.

¿Consideraría que es viable esto todavía para la elección de 2012?

Tenemos los tiempos acotados, el sistema de reformas en materia electoral prevé que no puedan hacerse modificaciones sustanciales un año antes de las elecciones. Son 90 días antes de que inicie el proceso electoral que empieza en octubre de 2011 y junio es el mes límite para estas reformas. Creo que sí hay esa posibilidad, no requiere más que la modificación de un artículo del Cofipe, en donde están previstas las sanciones a los infractores de la norma.

¿Qué riesgo vería usted en caso de que no haya cambio legislativo?

Ninguno, no veo ningún riesgo. Tenemos una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial, las herramientas, las instituciones electorales para actuar completamente en tiempo y con lo que tenemos podemos ir a los procesos electorales.

¿Cómo puede darse el conteo de voto por voto luego de la reforma del 2007-08?

Establece que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el distrito sea menor a 1%, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, así como muestras de alteración a los paquetes e inexistencias de actas. Si la duda está en cómo se contaron los votos por los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla, se vuelve a hacer este escrutinio y cómputo de las boletas delante de todos los partidos políticos y se da transparencia al proceso de los resultados en las casillas.

En caso de darse este escenario, ¿cuándo va a levantar la mano el Tribunal Electoral al ganador de los comicios presidenciales?

En septiembre. Hay una fecha dispuesta en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en el código en la materia. Entonces, los cómputos de los distritos empiezan el miércoles siguiente de la elección. Posteriormente, se presentan las impugnaciones en el mismo julio y el Tribunal tendría el mes de agosto y unos días de septiembre para hacer el cómputo final y la declaración de validez.

¿Qué tanto pueden influir los actores políticos para que esto se alargue y se alargue y veamos nuevamente tomado Reforma?

La elección de 2006 fue muy controvertida, mucho, pero se resolvió, la palabra final la tuvo el Tribunal Electoral; habrá quien esté de acuerdo y habrá quien esté en desacuerdo, pero se dio la transición del poder en la fecha prevista en la Constitución y lo que valió fue una decisión de un Tribunal Electoral. Entonces, tenemos la obligación de impartir justicia en tiempo y de resolver a tiempo.

¿Y las presiones? ¿Qué tanto influye en usted una llamada telefónica?

En nada, absolutamente en nada. Nosotros hemos optado por tener alegatos y abrir los alegatos de las partes y los interesados que quieran venir a platicar con los magistrados en la Sala Superior y en las Salas Regionales los asuntos que estamos resolviendo. Se publican en la agenda que tenemos colocada en internet, es decir, todos los actores y los interesados saben a quién recibimos y cuándo en este Tribunal.

No cedemos a presión política de nadie. Habrá quien diga que el Tribunal resuelve bajo presión; resolvemos bajo presión política en términos de que hay interés de los actores políticos porque el asunto sea resuelto en su favor, pero nosotros únicamente resolvemos conforme a derecho.

¿Qué propone para que no aumenten las guerras de lodo en las campañas políticas?

El Tribunal no puede ser censor de nadie, lo que debe tutelar es que este ejercicio de la libertad de expresión se haga en un marco en donde se respete la Constitución. Si se hace denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto, pero no podemos estar constriñendo el ejercicio de la libertad de expresión, inclusive cuandoes un debate duro, cuando es crítico si no hay una violación a todos estos principios.

¿Considera que es necesario transparentar, dar mayor transparencia a los más de 3 mil millones de pesos asignados a partidos políticos?

Efectivamente, nuestro sistema electoral optó por privilegiar los recursos públicos para el apoyo de las actividades ordinarias y de campaña de los partidos, es un sistema en donde el financiamiento privado es menor al financiamiento público, entonces tiene que haber una rendición de cuentas muy clara.

El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene herramientas amplísimas para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Queremos elecciones limpias, queremos campañas limpias, saber de dónde provienen los recursos y hacia dónde van, yo creo que esto es fundamental, es muy importante que se realice. Se ha avanzado mucho, mucho.

 

Nota de José Gerardo Mejía para El Universal

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/747336.html