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domingo, 2 de octubre de 2011
IV Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral TEPJF
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martes, 10 de mayo de 2011
TRIFE, de la esperanza al escándalo
Javier Corral
Sería difícil encontrar un actor político —en todos los partidos y a lo largo y ancho del país— que de manera más cínica y contumaz haya burlado la reforma electoral del 2007 como lo ha hecho Enrique Peña Nieto. Es imposible encontrar otro funcionario público que, en el entramado mediático que en mucho define hoy a la política, haya invertido tanto dinero público en la promoción de su imagen personal, como lo ha hecho el gobernador del Estado de México, en exacta contravención de lo que dispone el artículo 134 constitucional. Nadie como él acumula, desde el inicio de su administración, denuncias e investigaciones periodísticas que dan cuenta de la hipoteca mercantil celebrada con Televisa —a través de millonarios contratos publicitarios—, para apuntalar como el proyecto común, su candidatura presidencial.
Sin controles ni contrapesos estatales que le impongan límite o mínimo castigo al uso indebido de los recursos públicos, sin sanción a la taxativa contenida en el artículo 134 constitucional, Peña Nieto ha podido desplegar, a la par de su popularidad, una brutal impunidad política.
Por ello fue sorpresiva y hasta cierto punto esperanzadora la sanción que se veía venir sobre el gobernador del Estado de México por violación a la Constitución, al contratar spots de su quinto informe de gobierno transmitidos en todo el territorio nacional. La queja del PAN por esa promoción indebida, en principio la desechó el consejo general del IFE, por lo que Acción Nacional recurrió al TRIFE y éste le regresó el asunto al IFE ordenándole explorar si la propaganda del Edomex violaba alguna disposición legal.
En efecto, el IFE encontró una violación al artículo 228-5 del COFIPE, sobre la difusión de informes “una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”. Esto es, el IFE encontró responsable a Peña Nieto de la comisión de un delito electoral, y ahora fue el PRI quien recurrió la decisión.
Ya de regreso el asunto en el TRIFE, la operación política y mediática de Peña Nieto para conseguir su exoneración no tuvo reparo alguno, incluido el ofrecimiento descarado de prebendas a los magistrados que resolvieran a su favor. La operación de cabildeo y presión fue denunciada en un artículo de Roberto Zamarripa en Reforma, titulado “La Cena”, que con el paso del tiempo lo único que fue desmentido de esa información es que se trató de una comida y no cena. La misma magistrada presidenta del TRIFE, María del Carmen Alanís, reconoció el encuentro.
La cena que en realidad fue comida dio resultados: encubrió políticamente a Peña Nieto y lo salvó de declararle un acto anticipado de campaña, lo que hubiera originado la sanción de negarle su registro como candidato. Para poder hacerlo, el TRIFE produjo uno de los engendros jurídicos interpretativos más preocupantes en la historia del derecho electoral mexicano. De la esperanza pasamos al escándalo. Esa sentencia es la más contradictoria y anómala de todas las que han sido resueltas por el Tribunal Electoral.
El TRIFE determinó que sí hubo violación electoral, pero releva al funcionario público y sanciona a las televisoras. Si ya había navajeado el tribunal a la reforma electoral con varias decisiones absurdas, con ésta le infringe una cuchillada que la dejará moribunda en lo que fue su principal objetivo: castigar la contratación ilegal de propaganda electoral.
El absurdo es gigantesco y consta de lo siguiente: las normas de propaganda gubernamental sólo pueden ser transgredidas por servidores públicos, pues son ellos el sujeto activo de la norma. Según el criterio del tribunal es extendible a los particulares. Es como si una prohibición a un ministro de culto se aplicara a los feligreses, o a un ciudadano común y corriente. Con el nuevo criterio del tribunal, ahora cualquier persona física o moral puede transgredir el 134 constitucional, y su prolongación en el 228-5 del COFIPE.
En otras palabras, se exculpa al que ordena la difusión (quien tiene la responsabilidad directa), y se ordena sancionar a los medios, quienes tienen, a lo sumo, responsabilidad indirecta. Y no sólo eso, la Sala Superior vuelve a torcer la lógica del derecho, más preocupada por lo que los partidos dicen en su propaganda legal, que en sancionar a quienes contratan propaganda ilegal. La prohibición más importante de la reforma electoral es contratar propaganda; pero el Tribunal prefiere dar prevalencia a los dichos que sí sanciona como en el caso de la propaganda del PT.
Si antes califiqué de patético al TRIFE —por la sentencia sobre la elección de consejeros electorales en Querétaro—, ahora es menester lanzar una pregunta: ¿a quien le sirve así este Tribunal electoral, tan desprestigiado? Me anticipo: ni al mismo PRI ni a Peña Nieto; el descaro ha sido demasiado y la sentencia de antología para la colección de disparates nacionales.
Editorial de Javier Corral Jurado, para el Universal.
Texto integro: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52736.html
Sobre el autor:
Javier Corral Jurado (Ciudad Juárez, Chihuahua; 2 de agosto de 1966) es un periodista y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, Diputado Federal de la LXI Legislatura, en donde se desempeña como Presidente de la Comisión de Gobernación.
Principal opositor de la llamada Ley Televisa y de la Licitación 21, ha sido Diputado Local, candidato a la Gubernatura del Estado de Chihuahua en 2004 por la coalición PAN-PRD-Convergencia y Senador de la República por el Estado de Chihuahua. Conocido por ser crítico de compañeros de su partido como Francisco Molinar, con quien debatió en 2010 sobre la Licitación 21, y de Felipe Calderón a quien ha cuestionado en múltiples ocasiones. Reconocido, incluso por simpatizantes de los partidos adversarios.
viernes, 25 de febrero de 2011
“De requerirse, el voto por voto definirá elección 2012”
En entrevista con EL UNIVERSAL, María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), califica como “desafortunado” que aún no exista un catálogo de sanciones a servidores públicos que violen la Constitución
Jueves 24 de febrero de 2011
José Gerardo Mejía | El Universal
Jueves 24 de febrero de 2011
José Gerardo Mejía | El Universal
 |
| María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral (TEPJF) |
jose.mejia@eluniversal.com.mx
En caso de que en los comicios presidenciales de 2012 haya un resultado cerrado como hace casi cinco años, el recuento voto por voto será la vía para definir en septiembre de ese año al vencedor de la contienda de manera inapelable, afirma María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En entrevista con EL UNIVERSAL, la magistrada califica como “desafortunado” que aún no exista un catálogo de sanciones a servidores públicos que violen la Constitución, incluido el Ejecutivo federal, y considera viable que el Poder Legislativo realice adecuaciones a la ley electoral en esta materia, así como en lo relativo a las causales de nulidad de los comicios, para lo cual tendría como límite hasta junio.
Y ante el incremento de la guerra sucia en las campañas electorales, advierte que el Tribunal Electoral no puede ser censor de nadie y que únicamente tutela el ejercicio de la libertad de expresión dentro de la Constitución, sin que evidentemente, se haga “denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto”.
¿Qué propone para la reforma electoral de los comicios de este año y de 2012?
Hace falta un catálogo de sanciones a servidores públicos que incumplan con el artículo 134 constitucional en materia electoral; porque pudiera haber sanciones en el ámbito penal y en el de responsabilidad administrativa, pero en lo electoral no lo hay. O porque incumplan con la legislación electoral. No se puede sancionar a servidores públicos. Sólo se detienen las conductas, se sanciona a los partidos y a los candidatos.
Sobre justicia electoral...
Ya se prevé expresamente la posibilidad del Tribunal de revisar la validez de la elección presidencial o declarar la nulidad en dichos comicios, pero tenemos métodos más cuantitativos, por el número de nulidad de votación en casilla o las casillas que no se hayan instalado. Quizá pudiera el Legislativo revisar algunas de las causales de nulidades que van más concentradas a las casillas.
¿Esto podría regular el papel del Ejecutivo en elecciones? En 2006 el Tribunal resolvió que el presidente Vicente Fox afectó la equidad de los comicios presidenciales...
Este Tribunal ya ha resuelto confirmar las faltas que el IFE decretó para gobernadores, diputados y alcaldes. Se da vista a los congresos, auditorías y contralorías competentes. Pero no se puede aplicar una multa, una inhabilitación o un apercibimiento o una amonestación pública. [...] Ahora, si todas o algunas de estas faltas llevan al terreno del estudio de la validez de la elección, se debe ponderar el grado o la gravedad de esa conducta en la afectación del proceso electoral. Si una falta es suficiente para anular todo el proceso electoral o si nos quedamos en el terreno exclusivo de la conducta y de la sanción.
Esta falta de sanciones al 134 constitucional, ¿puede generar un marco de impunidad?
Si hay desvío de recursos públicos, [puede haber] juicio político. Aunque estuviera prevista la sanción electoral, nosotros no podríamos conocer de una falta penal o administrativa distinta a la electoral.
Entonces, no hay impunidad en ese terreno, nada más sería detener la conducta y declarar la responsabilidad correspondiente.
¿Consideraría que es viable esto todavía para la elección de 2012?
Tenemos los tiempos acotados, el sistema de reformas en materia electoral prevé que no puedan hacerse modificaciones sustanciales un año antes de las elecciones. Son 90 días antes de que inicie el proceso electoral que empieza en octubre de 2011 y junio es el mes límite para estas reformas. Creo que sí hay esa posibilidad, no requiere más que la modificación de un artículo del Cofipe, en donde están previstas las sanciones a los infractores de la norma.
¿Qué riesgo vería usted en caso de que no haya cambio legislativo?
Ninguno, no veo ningún riesgo. Tenemos una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial, las herramientas, las instituciones electorales para actuar completamente en tiempo y con lo que tenemos podemos ir a los procesos electorales.
¿Cómo puede darse el conteo de voto por voto luego de la reforma del 2007-08?
Establece que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el distrito sea menor a 1%, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, así como muestras de alteración a los paquetes e inexistencias de actas. Si la duda está en cómo se contaron los votos por los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla, se vuelve a hacer este escrutinio y cómputo de las boletas delante de todos los partidos políticos y se da transparencia al proceso de los resultados en las casillas.
En caso de darse este escenario, ¿cuándo va a levantar la mano el Tribunal Electoral al ganador de los comicios presidenciales?
En septiembre. Hay una fecha dispuesta en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en el código en la materia. Entonces, los cómputos de los distritos empiezan el miércoles siguiente de la elección. Posteriormente, se presentan las impugnaciones en el mismo julio y el Tribunal tendría el mes de agosto y unos días de septiembre para hacer el cómputo final y la declaración de validez.
¿Qué tanto pueden influir los actores políticos para que esto se alargue y se alargue y veamos nuevamente tomado Reforma?
La elección de 2006 fue muy controvertida, mucho, pero se resolvió, la palabra final la tuvo el Tribunal Electoral; habrá quien esté de acuerdo y habrá quien esté en desacuerdo, pero se dio la transición del poder en la fecha prevista en la Constitución y lo que valió fue una decisión de un Tribunal Electoral. Entonces, tenemos la obligación de impartir justicia en tiempo y de resolver a tiempo.
¿Y las presiones? ¿Qué tanto influye en usted una llamada telefónica?
En nada, absolutamente en nada. Nosotros hemos optado por tener alegatos y abrir los alegatos de las partes y los interesados que quieran venir a platicar con los magistrados en la Sala Superior y en las Salas Regionales los asuntos que estamos resolviendo. Se publican en la agenda que tenemos colocada en internet, es decir, todos los actores y los interesados saben a quién recibimos y cuándo en este Tribunal.
No cedemos a presión política de nadie. Habrá quien diga que el Tribunal resuelve bajo presión; resolvemos bajo presión política en términos de que hay interés de los actores políticos porque el asunto sea resuelto en su favor, pero nosotros únicamente resolvemos conforme a derecho.
¿Qué propone para que no aumenten las guerras de lodo en las campañas políticas?
El Tribunal no puede ser censor de nadie, lo que debe tutelar es que este ejercicio de la libertad de expresión se haga en un marco en donde se respete la Constitución. Si se hace denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto, pero no podemos estar constriñendo el ejercicio de la libertad de expresión, inclusive cuandoes un debate duro, cuando es crítico si no hay una violación a todos estos principios.
¿Considera que es necesario transparentar, dar mayor transparencia a los más de 3 mil millones de pesos asignados a partidos políticos?
Efectivamente, nuestro sistema electoral optó por privilegiar los recursos públicos para el apoyo de las actividades ordinarias y de campaña de los partidos, es un sistema en donde el financiamiento privado es menor al financiamiento público, entonces tiene que haber una rendición de cuentas muy clara.
El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene herramientas amplísimas para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Queremos elecciones limpias, queremos campañas limpias, saber de dónde provienen los recursos y hacia dónde van, yo creo que esto es fundamental, es muy importante que se realice. Se ha avanzado mucho, mucho.
En caso de que en los comicios presidenciales de 2012 haya un resultado cerrado como hace casi cinco años, el recuento voto por voto será la vía para definir en septiembre de ese año al vencedor de la contienda de manera inapelable, afirma María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En entrevista con EL UNIVERSAL, la magistrada califica como “desafortunado” que aún no exista un catálogo de sanciones a servidores públicos que violen la Constitución, incluido el Ejecutivo federal, y considera viable que el Poder Legislativo realice adecuaciones a la ley electoral en esta materia, así como en lo relativo a las causales de nulidad de los comicios, para lo cual tendría como límite hasta junio.
Y ante el incremento de la guerra sucia en las campañas electorales, advierte que el Tribunal Electoral no puede ser censor de nadie y que únicamente tutela el ejercicio de la libertad de expresión dentro de la Constitución, sin que evidentemente, se haga “denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto”.
¿Qué propone para la reforma electoral de los comicios de este año y de 2012?
Hace falta un catálogo de sanciones a servidores públicos que incumplan con el artículo 134 constitucional en materia electoral; porque pudiera haber sanciones en el ámbito penal y en el de responsabilidad administrativa, pero en lo electoral no lo hay. O porque incumplan con la legislación electoral. No se puede sancionar a servidores públicos. Sólo se detienen las conductas, se sanciona a los partidos y a los candidatos.
Sobre justicia electoral...
Ya se prevé expresamente la posibilidad del Tribunal de revisar la validez de la elección presidencial o declarar la nulidad en dichos comicios, pero tenemos métodos más cuantitativos, por el número de nulidad de votación en casilla o las casillas que no se hayan instalado. Quizá pudiera el Legislativo revisar algunas de las causales de nulidades que van más concentradas a las casillas.
¿Esto podría regular el papel del Ejecutivo en elecciones? En 2006 el Tribunal resolvió que el presidente Vicente Fox afectó la equidad de los comicios presidenciales...
Este Tribunal ya ha resuelto confirmar las faltas que el IFE decretó para gobernadores, diputados y alcaldes. Se da vista a los congresos, auditorías y contralorías competentes. Pero no se puede aplicar una multa, una inhabilitación o un apercibimiento o una amonestación pública. [...] Ahora, si todas o algunas de estas faltas llevan al terreno del estudio de la validez de la elección, se debe ponderar el grado o la gravedad de esa conducta en la afectación del proceso electoral. Si una falta es suficiente para anular todo el proceso electoral o si nos quedamos en el terreno exclusivo de la conducta y de la sanción.
Esta falta de sanciones al 134 constitucional, ¿puede generar un marco de impunidad?
Si hay desvío de recursos públicos, [puede haber] juicio político. Aunque estuviera prevista la sanción electoral, nosotros no podríamos conocer de una falta penal o administrativa distinta a la electoral.
Entonces, no hay impunidad en ese terreno, nada más sería detener la conducta y declarar la responsabilidad correspondiente.
¿Consideraría que es viable esto todavía para la elección de 2012?
Tenemos los tiempos acotados, el sistema de reformas en materia electoral prevé que no puedan hacerse modificaciones sustanciales un año antes de las elecciones. Son 90 días antes de que inicie el proceso electoral que empieza en octubre de 2011 y junio es el mes límite para estas reformas. Creo que sí hay esa posibilidad, no requiere más que la modificación de un artículo del Cofipe, en donde están previstas las sanciones a los infractores de la norma.
¿Qué riesgo vería usted en caso de que no haya cambio legislativo?
Ninguno, no veo ningún riesgo. Tenemos una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial, las herramientas, las instituciones electorales para actuar completamente en tiempo y con lo que tenemos podemos ir a los procesos electorales.
¿Cómo puede darse el conteo de voto por voto luego de la reforma del 2007-08?
Establece que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el distrito sea menor a 1%, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, así como muestras de alteración a los paquetes e inexistencias de actas. Si la duda está en cómo se contaron los votos por los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla, se vuelve a hacer este escrutinio y cómputo de las boletas delante de todos los partidos políticos y se da transparencia al proceso de los resultados en las casillas.
En caso de darse este escenario, ¿cuándo va a levantar la mano el Tribunal Electoral al ganador de los comicios presidenciales?
En septiembre. Hay una fecha dispuesta en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en el código en la materia. Entonces, los cómputos de los distritos empiezan el miércoles siguiente de la elección. Posteriormente, se presentan las impugnaciones en el mismo julio y el Tribunal tendría el mes de agosto y unos días de septiembre para hacer el cómputo final y la declaración de validez.
¿Qué tanto pueden influir los actores políticos para que esto se alargue y se alargue y veamos nuevamente tomado Reforma?
La elección de 2006 fue muy controvertida, mucho, pero se resolvió, la palabra final la tuvo el Tribunal Electoral; habrá quien esté de acuerdo y habrá quien esté en desacuerdo, pero se dio la transición del poder en la fecha prevista en la Constitución y lo que valió fue una decisión de un Tribunal Electoral. Entonces, tenemos la obligación de impartir justicia en tiempo y de resolver a tiempo.
¿Y las presiones? ¿Qué tanto influye en usted una llamada telefónica?
En nada, absolutamente en nada. Nosotros hemos optado por tener alegatos y abrir los alegatos de las partes y los interesados que quieran venir a platicar con los magistrados en la Sala Superior y en las Salas Regionales los asuntos que estamos resolviendo. Se publican en la agenda que tenemos colocada en internet, es decir, todos los actores y los interesados saben a quién recibimos y cuándo en este Tribunal.
No cedemos a presión política de nadie. Habrá quien diga que el Tribunal resuelve bajo presión; resolvemos bajo presión política en términos de que hay interés de los actores políticos porque el asunto sea resuelto en su favor, pero nosotros únicamente resolvemos conforme a derecho.
¿Qué propone para que no aumenten las guerras de lodo en las campañas políticas?
El Tribunal no puede ser censor de nadie, lo que debe tutelar es que este ejercicio de la libertad de expresión se haga en un marco en donde se respete la Constitución. Si se hace denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto, pero no podemos estar constriñendo el ejercicio de la libertad de expresión, inclusive cuandoes un debate duro, cuando es crítico si no hay una violación a todos estos principios.
¿Considera que es necesario transparentar, dar mayor transparencia a los más de 3 mil millones de pesos asignados a partidos políticos?
Efectivamente, nuestro sistema electoral optó por privilegiar los recursos públicos para el apoyo de las actividades ordinarias y de campaña de los partidos, es un sistema en donde el financiamiento privado es menor al financiamiento público, entonces tiene que haber una rendición de cuentas muy clara.
El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene herramientas amplísimas para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Queremos elecciones limpias, queremos campañas limpias, saber de dónde provienen los recursos y hacia dónde van, yo creo que esto es fundamental, es muy importante que se realice. Se ha avanzado mucho, mucho.
Nota de José Gerardo Mejía para El Universal
jueves, 24 de febrero de 2011
Pide TRIFE facultad para sancionar a funcionarios
La presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, demandó al Congreso de la Unión 'un catálogo de sanciones' para los funcionarios que cometan delitos electorales; actualmente, dijo, sólo se detienen las conductas, se sanciona a los partidos y a los candidatos, pero no a los servidores públicos
En caso de que en los comicios presidenciales de 2012 haya un resultado cerrado como hace casi cinco años, el recuento voto por voto será la vía para definir en septiembre de ese año al vencedor de la contienda de manera inapelable, afirma María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En entrevista con EL UNIVERSAL, la magistrada califica como “desafortunado” que aún no exista un catálogo de sanciones a servidores públicos que violen la Constitución, incluido el Ejecutivo federal, y considera viable que el Poder Legislativo realice adecuaciones a la ley electoral en esta materia, así como en lo relativo a las causales de nulidad de los comicios, para lo cual tendría como límite hasta junio.
Y ante el incremento de la guerra sucia en las campañas electorales, advierte que el Tribunal Electoral no puede ser censor de nadie y que únicamente tutela el ejercicio de la libertad de expresión dentro de la Constitución, sin que evidentemente, se haga “denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto”.
¿Qué propone para la reforma electoral de los comicios de este año y de 2012?
Hace falta un catálogo de sanciones a servidores públicos que incumplan con el artículo 134 constitucional en materia electoral; porque pudiera haber sanciones en el ámbito penal y en el de responsabilidad administrativa, pero en lo electoral no lo hay. O porque incumplan con la legislación electoral. No se puede sancionar a servidores públicos. Sólo se detienen las conductas, se sanciona a los partidos y a los candidatos.
Sobre justicia electoral...
Ya se prevé expresamente la posibilidad del Tribunal de revisar la validez de la elección presidencial o declarar la nulidad en dichos comicios, pero tenemos métodos más cuantitativos, por el número de nulidad de votación en casilla o las casillas que no se hayan instalado. Quizá pudiera el Legislativo revisar algunas de las causales de nulidades que van más concentradas a las casillas.
¿Esto podría regular el papel del Ejecutivo en elecciones? En 2006 el Tribunal resolvió que el presidente Vicente Fox afectó la equidad de los comicios presidenciales...
Este Tribunal ya ha resuelto confirmar las faltas que el IFE decretó para gobernadores, diputados y alcaldes. Se da vista a los congresos, auditorías y contralorías competentes. Pero no se puede aplicar una multa, una inhabilitación o un apercibimiento o una amonestación pública. [...] Ahora, si todas o algunas de estas faltas llevan al terreno del estudio de la validez de la elección, se debe ponderar el grado o la gravedad de esa conducta en la afectación del proceso electoral. Si una falta es suficiente para anular todo el proceso electoral o si nos quedamos en el terreno exclusivo de la conducta y de la sanción.
Esta falta de sanciones al 134 constitucional, ¿puede generar un marco de impunidad?
Si hay desvío de recursos públicos, [puede haber] juicio político. Aunque estuviera prevista la sanción electoral, nosotros no podríamos conocer de una falta penal o administrativa distinta a la electoral.
Entonces, no hay impunidad en ese terreno, nada más sería detener la conducta y declarar la responsabilidad correspondiente.
¿Consideraría que es viable esto todavía para la elección de 2012?
Tenemos los tiempos acotados, el sistema de reformas en materia electoral prevé que no puedan hacerse modificaciones sustanciales un año antes de las elecciones. Son 90 días antes de que inicie el proceso electoral que empieza en octubre de 2011 y junio es el mes límite para estas reformas. Creo que sí hay esa posibilidad, no requiere más que la modificación de un artículo del Cofipe, en donde están previstas las sanciones a los infractores de la norma.
¿Qué riesgo vería usted en caso de que no haya cambio legislativo?
Ninguno, no veo ningún riesgo. Tenemos una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial, las herramientas, las instituciones electorales para actuar completamente en tiempo y con lo que tenemos podemos ir a los procesos electorales.
¿Cómo puede darse el conteo de voto por voto luego de la reforma del 2007-08?
Establece que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el distrito sea menor a 1%, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, así como muestras de alteración a los paquetes e inexistencias de actas. Si la duda está en cómo se contaron los votos por los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla, se vuelve a hacer este escrutinio y cómputo de las boletas delante de todos los partidos políticos y se da transparencia al proceso de los resultados en las casillas.
En caso de darse este escenario, ¿cuándo va a levantar la mano el Tribunal Electoral al ganador de los comicios presidenciales?
En septiembre. Hay una fecha dispuesta en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en el código en la materia. Entonces, los cómputos de los distritos empiezan el miércoles siguiente de la elección. Posteriormente, se presentan las impugnaciones en el mismo julio y el Tribunal tendría el mes de agosto y unos días de septiembre para hacer el cómputo final y la declaración de validez.
¿Qué tanto pueden influir los actores políticos para que esto se alargue y se alargue y veamos nuevamente tomado Reforma?
La elección de 2006 fue muy controvertida, mucho, pero se resolvió, la palabra final la tuvo el Tribunal Electoral; habrá quien esté de acuerdo y habrá quien esté en desacuerdo, pero se dio la transición del poder en la fecha prevista en la Constitución y lo que valió fue una decisión de un Tribunal Electoral. Entonces, tenemos la obligación de impartir justicia en tiempo y de resolver a tiempo.
¿Y las presiones? ¿Qué tanto influye en usted una llamada telefónica?
En nada, absolutamente en nada. Nosotros hemos optado por tener alegatos y abrir los alegatos de las partes y los interesados que quieran venir a platicar con los magistrados en la Sala Superior y en las Salas Regionales los asuntos que estamos resolviendo. Se publican en la agenda que tenemos colocada en internet, es decir, todos los actores y los interesados saben a quién recibimos y cuándo en este Tribunal.
No cedemos a presión política de nadie. Habrá quien diga que el Tribunal resuelve bajo presión; resolvemos bajo presión política en términos de que hay interés de los actores políticos porque el asunto sea resuelto en su favor, pero nosotros únicamente resolvemos conforme a derecho.
¿Qué propone para que no aumenten las guerras de lodo en las campañas políticas?
El Tribunal no puede ser censor de nadie, lo que debe tutelar es que este ejercicio de la libertad de expresión se haga en un marco en donde se respete la Constitución. Si se hace denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto, pero no podemos estar constriñendo el ejercicio de la libertad de expresión, inclusive cuandoes un debate duro, cuando es crítico si no hay una violación a todos estos principios.
¿Considera que es necesario transparentar, dar mayor transparencia a los más de 3 mil millones de pesos asignados a partidos políticos?
Efectivamente, nuestro sistema electoral optó por privilegiar los recursos públicos para el apoyo de las actividades ordinarias y de campaña de los partidos, es un sistema en donde el financiamiento privado es menor al financiamiento público, entonces tiene que haber una rendición de cuentas muy clara.
El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene herramientas amplísimas para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Queremos elecciones limpias, queremos campañas limpias, saber de dónde provienen los recursos y hacia dónde van, yo creo que esto es fundamental, es muy importante que se realice. Se ha avanzado mucho, mucho.
Nota de José Gerardo Mejía para El Universal
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