Derecho de sangre

Carlos Elizondo 

Heredar privilegios es contrario a los principios de una democracia que parte de la igualdad. En México hay muchos ámbitos donde importa la sangre, no el mérito.

El rector Narro no suele ser afectuoso con los funcionarios federales. Lo fue con el secretario de Hacienda. Las razones las da el propio Narro: “¿Cómo no va a ser de esta manera, si lleva en su sangre los colores de nuestra institución?”. Es decir, los padres de Cordero, quienes son profesores de la UNAM, son miembros de la tribu y Cordero, por derecho de sangre, debe ser tratado bien. Francis Fukuyama en su último libro, The Origins of Political Order muestra cómo el tránsito hacia una sociedad moderna pasa por romper los lazos de clan y de tribu y sustituir los derechos de sangre por los lazos con un Estado que crea derechos universales, donde no importe a qué clan perteneces, sino cuáles son tus capacidades individuales.

No es un cambio fácil y en muchas sociedades sigue predominando el clan y la tribu. Incluso en los países más modernos suele haber ecos de aquellos tiempos tribales donde dominaba el derecho de sangre. De ahí la atención que atraen las familias reales europeas. A pesar de no tener ya un poder político significativo, no son ciudadanos como cualquier otro, heredan privilegios y nos interesa conocerlos.

Uno esperaría que la lógica de la tribu no existiera en una institución modernizadora como debiera ser la Universidad. Que importe para su rector si los padres del secretario de Hacienda son de la UNAM y que en la UNAM la defensa de la tribu nuble en ocasiones la capacidad de autocrítica de algunos de sus profesores es una muestra más de un fenómeno tristemente creciente: la importancia del derecho de sangre.

En las dos últimas semanas hemos visto cómo el heredar un puesto a un pariente directo pareciera no tener sanción social. El primer caso es el ungimiento de la hija de la maestra Elba Esther Gordillo como secretaria general del Panal, partido dominado por ella y que dócilmente accedió a sus deseos de heredarle el poder como si se tratara de una reina que tiene ese derecho.

El segundo es el triunfo de Rubén Moreira como gobernador de Coahuila. El reportaje de M semanal de fecha 4 de julio da cuenta de los mecanismos de reproducción de privilegios de la familia Moreira. Lo amplio de su triunfo es, entre otras razones, una muestra de qué poco le importa a la sociedad el que se hereden los cargos públicos. Después del éxito de Moreira más de uno va a buscar cualquier pretexto para justificar sus sueños de nepotismo, lo cual puede ser muy costoso para nuestra democracia. Pareciera que el presidente Calderón va a permitir que su hermana sea la candidata del PAN a la gubernatura de Michoacán. La señal que esto manda y el riesgo para la campaña para gobernador de Michoacán en materia de seguridad deberían de disuadir a los involucrados.

Son pocos los ámbitos del sector público donde el derecho de sangre no importa o incluso domina. El sector público federal a nivel de mandos medios y superiores es de los pocos espacios donde está claramente prohibido. En el personal de muchos de los sindicatos del sector público, la evidencia fragmentada indica que dominan las redes de parentesco. Incluso en el Poder Judicial, incluido el Federal, hay más de un indicio de que se han contratado una gran cantidad de familiares.

El problema del derecho de sangre también afecta al mundo privado. Aunque en este ámbito es legal y legítimo heredar posiciones y recursos, ¿cuántas empresas grandes en México han quebrado por nunca haberse profesionalizado y preferir poner en los niveles directivos a los hijos u otros parientes del dueño y fundador sin importar mucho sus capacidades? En este caso el costo inmediato es pagado por la familia, pero hay un impacto social. La empresa es el motor del crecimiento y generador de empleo de cualquier economía, si la herencia de sangre domina sobre criterios de mérito, y el resultado es la quiebra o debilitamiento de ella, la economía en su conjunto paga un costo por esta dificultad de tener empresas manejadas en forma institucional.

Hay una lógica tras esta realidad en nuestras empresas. En un mundo donde desconfiamos del vecino, el pariente nos da cierta certidumbre. En un país donde los contratos son difíciles de hacer cumplir y donde las leyes laborales son perversas, contratar a un familiar tiene sentido. Cuando la lógica de tribu domina sobre la republicana, cuando el derecho de sangre puede tener prioridad sobre el mérito, es difícil construir un Estado democrático. Igualmente se complica construir una economía de mercado sólida.

Una Columna de Carlos Elizondo Mayer-Serra para http://www.carloselizondo.com.mx

Texto integro: http://www.carloselizondo.com.mx/2011/07/08/derecho-de-sangre/

Sobre el autor:
 

Carlos Elizondo Mayer-Serra (Ciudad de México, 23 de febrero de 1962), Académico , Analista y líder de opinión. Es Doctor y Maestro en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Curso la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México [1982-1986]. Es experto en Sistema político Mexicano, Economía Política, Política Comparada, así como de Derecho y Política. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. En enero de 2005 le fue otorgado el más alto nivel (SNI III).

Es integrante del programa de televisión Entre Tres del Canal 13 y de La Otra Urna, del canal 40. Colabora en el noticiero de José Cárdenas en Radio Fórmula y en el programa Hoy por Hoy de W radio. Es articulista en el periódico Reforma desde su fundación. Su nuevo libro Por eso estamos como estamos; La economía política de un crecimiento mediocre, acaba de ser publicado por Random House México 2011.

 

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Geografía electoral de 2012

Estamos a prácticamente un año de la próxima elección presidencial y vale la pena revisar cómo se encuentran los partidos políticos en 27 municipios clave.

Pascal Beltrán del Río

La joven democracia mexicana ya arroja algunas certezas: Por ejemplo, que independientemente del número de candidatos que disputen la Presidencia de la República, sólo dos importan al final: quien representa la continuidad —es decir, el nominado por el partido en el poder—y uno solo de los opositores, quien logra abanderar la idea de cambio. El tercer lugar y el resto de los aspirantes suelen quedar muy rezagados en la votación.

También sabemos que se pueden ganar en las urnas demarcaciones tan pobladas como Ecatepec e Iztapalapa, incluso tener la mayoría de votos en el Distrito Federal y el Estado de México, y aun así perder la Presidencia.

Sin embargo, quienes han ganado ese cargo, desde que hay elecciones competidas en México, lo han hecho en buena medida gracias a su fortaleza en una lista de 27 municipios de tamaño mediano y grande cuyo porcentaje de participación en los comicios es de 60% o más.

Estamos a prácticamente un año de la próxima elección presidencial y vale la pena revisar cómo se encuentran los partidos políticos en esos municipios clave para ganar la votación, que resultan representativos de la realidad sociodemográfica del país.

En 2006, igual que en las dos elecciones anteriores, la Presidencia de la República se disputó formalmente en los más de dos mil municipios de la República, pero en realidad el triunfo se fincó en menos de una treintena de ellos.

Son exactamente 27 demarcaciones, decía, distribuidos en 13 entidades federativas: Estado de México (8), Veracruz (4), Distrito Federal (2), Guanajuato (2), Nuevo León (2), Tamaulipas (2), Coahuila (1) Puebla (1), Morelos (1), Colima (1), Querétaro (1), Aguascalientes (1), Campeche (1) y Coahuila.

Tanto Ernesto Zedillo como Vicente Fox y Felipe Calderón ganaron la Presidencia de la República luego de que sus respectivos partidos o coaliciones derrotaron a sus rivales en todos esos lugares. Por ello se puede decir, hasta que se demuestre lo contrario en una nueva elección, que nadie puede llegar a Los Pinos sin pasar de manera triunfante por ellos.

Se trata de los municipios mexiquenses de Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Huixquilucan y Metepec; los veracruzanos de Córdoba, Poza Rica y Boca del Río, además del puerto jarocho; las delegaciones defeñas de Miguel Hidalgo y Benito Juárez; León y Salamanca, en Guanajuato; Monterrey y San Nicolás de los Garza, en Nuevo León; Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, así como Torreón, Coahuila, y las capitales de Puebla, Morelos, Colima, Querétaro y Aguascalientes.

Ninguno de esos municipios tenía menos de 100 mil ciudadanos en la lista nominal de electores en 2006 y en todos ellos acudió a las urnas cuando menos 60% de quienes tenían derecho a votar.

De la lista, el menos poblado es Colima, donde había 103 mil electores en la lista nominal de hace un lustro, y el más es Puebla, con más de un millón. Juntos sumaban 9.7 millones de votantes potenciales, lo que equivalía a 13.61% de los registrados a nivel nacional.

El 2 de julio de 2006 acudieron a votar en esos 27 municipios seis millones 237 mil 401 electores, más de 64% en cada uno de ellos, en promedio. Esto es, casi seis puntos arriba de la media nacional de participación.

De quienes votaron, 2.7 millones lo hicieron por el Partido Acción Nacional; 1.4 millones por la Alianza por México, coalición anclada en el PRI, y 1.3 millones por la Coalición por el Bien de Todos (CBT), que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.
 
Primer dato a destacar: en esos súper municipios electorales (por su tamaño y la participación del electorado) se trastocó la tendencia nacional del electorado, que dio el primer lugar al panista Felipe Calderón Hinojosa y el tercero al priista Roberto Madrazo Pintado.

El segundo dato es que el PAN obtuvo, en esos 27 municipios, uno de cada cinco de sus votos (en la elección de diputados federales), mientras que la CBT, uno de cada diez, en números redondos.

El tercero es que la CBT llegó en segundo lugar (el sitio que ocupó a nivel nacional) en apenas once de los 27 municipios, mientras que la Alianza por México lo hizo en 16.

Si usted piensa que no hay una tendencia en esos números, tome en cuenta este dato: la mayoría de los votos en el Estado de México fue obtenida por el PRI en 1994, por la Alianza por el Cambio (que postuló a Vicente Fox) en 2000 y por la CBT en 2006. Y, sin embargo, las tres veces los ocho municipios mexiquenses mencionados dieron el triunfo al partido o coalición que resultó ganador en la elección presidencial a nivel nacional.

No cabe duda: para ganar la Presidencia hay que ganar esos 27 municipios. En algunos de ellos, la votación puede obedecer a características particulares, como que era lógico que Fox ganara en León y Salamanca en 2000 por su condición de guanajuatense, pero ¿por qué ganaron esos mismo municipios Zedillo, en 1994, cuando ya gobernaba el PAN aquella entidad, o Calderón, en 2006?

Hay algo en esos municipios, en términos sociodemográficos, que indica una tendencia en las elecciones presidenciales.

Algo que parece incidir es el control político previo de esos lugares. Para cuando Fox fue candidato, hace más de una década, el PAN se había hecho, por ejemplo, de los municipios mexiquenses de Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Tecámac, Metepec, Naucalpan y Toluca. También había arrebatado Boca del Río y Veracruz al PRI, así como Torreón, Aguascalientes, Querétaro y otros municipios.

En 2006, Acción Nacional se mantenía firme en muchos de esos lugares, aunque el PRI ya daba señales de alguna recuperación, como cuando Ricardo Canavati Tafich recapturó para el PRI, en la elección de 2003, la alcaldía de Monterrey, que había estado en manos del panista Felipe de Jesús Cantú el trienio anterior.

¿Cómo están las cosas hoy en esos 27 municipios? Pues no pintan muy bien para el PAN. Sigue controlando su bastión leonés, además de haber recuperado Tampico y Monterrey, pero en total sólo es administración municipal en diez de esas demarcaciones. El resto de los municipios, 17, lo controla el PRI. Entre ellos, los de Torreón, Veracruz, Boca del Río, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuernavaca y Aguascalientes, que habían estado en manos de Acción Nacional.

Por eso, más allá de quienes resulten candidatos del PRI y el PAN en 2012, ya puede augurarse que el primer partido arrancará en la contienda por la Presidencia con un piso mucho más firme que el segundo.

También puede decirse que en estos 27 municipios clave se ha ido configurando un panorama bipartidista entre panistas y perredistas. Por ejemplo, en Tecámac, en la zona conurbada de la capital del país, ha habido un auténtico toma y daca de la presidencia municipal, entre el actual alcalde, el priista Aarón Urbina y los hermanos Germán Olivares, uno de los cuales, Octavio, es el actual dirigente blanquiazul en la entidad, además de diputado federal.

Y, finalmente, que a la izquierda —históricamente débil en la gran mayoría de esas demarcaciones— le costará mucho trabajo colarse a la casilla de cambio en la boleta presidencial.

Una columna de  Pascal Beltrán del Río, para Excélsor

Texto íntegro http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=745900 

Sobre el autor:

Pascal Beltrán del Río Martin (Lansing, Michigan, 11 de abril de 1966) es un periodista mexicano. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría de entrevista, en las ediciones 2003 y 2007.

En 1986 ingresó en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se licenció en Periodismo y Comunicación Colectiva.

De 1988 a 2003 trabajó en la revista Proceso; durante este tiempo publicó el libro Michoacán, ni un paso atrás (1993) y fue corresponsal en la ciudad de Washington, D.C. (1994-99), además de Subdirector de Información (2001-2003).

Más... http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_Beltr%C3%A1n_del_R%C3%ADo

Ante el fiasco de Hank, Calderón ataca

Leo Zuckermann

Ante el fiasco —un desastre para la imagen del gobierno panista— de las detenciones y liberaciones de Jorge Hank Rhon, el Presidente, en lugar de esperarse a que lo apaleen en los medios, ha tomado la ofensiva. Quiere cambiar lo más rápido posible el tema de discusión. Y qué mejor manera de hacerlo que enfrentarse a una de las instituciones más odiadas por la opinión pública: el Congreso, hoy dominado por el PRI.

Esta estrategia fue muy evidente en los noticieros de la mañana de ayer en la radio. Mientras el gobierno recibía un rosario de críticas durísimas por el caso Hank (de ineptos no los bajaban), de repente Calderón anunció que convocaría a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso. ¿Para qué? El Presidente propuso nueve puntos:

1. Discutir, y en su caso aprobar, las reformas políticas antes que venza el plazo para que puedan aplicarse en el próximo ciclo electoral.

2. Elegir a los tres consejeros del IFE que vergonzosamente no se han elegido desde octubre del año pasado.

3. Discutir, y en su caso aprobar, la reforma laboral.

4. Lo mismo con una “reforma para facilitar las asociaciones público-privadas en materia de infraestructura”.

5. Igual con una serie de iniciativas para combatir la corrupción gubernamental.

6. También legislaciones de seguridad nacional que regulen “de mejor manera la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior”.

7. Discutir, y en su caso aprobar, “una legislación que permita combatir con mayor eficacia el lavado de dinero”.

8. Lo mismo con leyes dirigidas a “atacar el robo de hidrocarburos”.

9. Debatir y votar la iniciativa de Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones.

Hace bien el Presidente en convocar al Congreso a legislar. Es responsabilidad de los políticos resolver los problemas sociales del país. Resulta desesperante ver la actividad legislativa paralizada mientras no  se resuelvan las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit e Hidalgo en julio. 

Independientemente de los procesos electorales, el Congreso debería estar legislando.

Pero eso es en el mundo del “deber ser”. En el mundo del “ser”, la convocatoria del Presidente tiene, me parece, una intención política. Se trata de tomar la ofensiva después del desastre del caso Hank. Cambiar el tema en los medios para demostrarle al electorado que muchos de los problemas en México no se resuelven por culpa del Congreso, no de él. Un Poder Legislativo que hoy está dominado por el partido que va arriba en las encuestas, el PRI, que quiere regresar a Los Pinos. Un PRI que hoy está liderado por su virtual candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, quien ha mandado la señal de que lo mejor para el PRI es nadar de muertito, no mover las aguas, de aquí a la elección de 2012. Eso explica por qué en el periodo ordinario pasado de sesiones del Congreso no se aprobó ninguna de las legislaciones que ahora el Presidente convoca a debatir y votar.

Es interesante la jugada de Calderón. Para empezar, eventualmente va a lograr que la atención mediática deje Tijuana y se vaya a los corredores del Poder Legislativo. Luego, si el Congreso no aprueba nada en el periodo extraordinario, pues el PAN habrá desenmascarado al PRI: en la próxima campaña electoral nacional lo podrá tildar de partido obstruccionista que no sabe qué quiere hacer con el poder. Pero cualquier legislación que sí se apruebe en el Congreso, el Presidente podrá presumir que él fue quien dio el empujoncito final. Por donde se vea, el Ejecutivo gana.

El Presidente ha atacado y puesto a la defensiva al PRI de Peña Nieto. A ver cómo la juegan éstos.

Una columna de Leo Zuckermann, para Excélsior.


Texto íntegro: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=711416


Sobre el autor:

Leo Zuckermann Behar es un comentarista y académico mexicano. Estudió la licenciatura en administración pública en El Colegio de México y la maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Cuenta con dos maestrías de la Universidad de Columbia en Nueva York donde es candidato a doctorado en ciencias políticas.

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TRIFE, de la esperanza al escándalo

Javier Corral

Sería difícil encontrar un actor político —en todos los partidos y a lo largo y ancho del país— que de manera más cínica y contumaz haya burlado la reforma electoral del 2007 como lo ha hecho Enrique Peña Nieto. Es imposible encontrar otro funcionario público que, en el entramado mediático que en mucho define hoy a la política, haya invertido tanto dinero público en la promoción de su imagen personal, como lo ha hecho el gobernador del Estado de México, en exacta contravención de lo que dispone el artículo 134 constitucional. Nadie como él acumula, desde el inicio de su administración, denuncias e investigaciones periodísticas que dan cuenta de la hipoteca mercantil celebrada con Televisa —a través de millonarios contratos publicitarios—, para apuntalar como el proyecto común, su candidatura presidencial.

Sin controles ni contrapesos estatales que le impongan límite o mínimo castigo al uso indebido de los recursos públicos, sin sanción a la taxativa contenida en el artículo 134 constitucional, Peña Nieto ha podido desplegar, a la par de su popularidad, una brutal impunidad política.

Por ello fue sorpresiva y hasta cierto punto esperanzadora la sanción que se veía venir sobre el gobernador del Estado de México por violación a la Constitución, al contratar spots de su quinto informe de gobierno transmitidos en todo el territorio nacional. La queja del PAN por esa promoción indebida, en principio la desechó el consejo general del IFE, por lo que Acción Nacional recurrió al TRIFE y éste le regresó el asunto al IFE ordenándole explorar si la propaganda del Edomex violaba alguna disposición legal.

En efecto, el IFE encontró una violación al artículo 228-5 del COFIPE, sobre la difusión de informes “una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”. Esto es, el IFE encontró responsable a Peña Nieto de la comisión de un delito electoral, y ahora fue el PRI quien recurrió la decisión.

Ya de regreso el asunto en el TRIFE, la operación política y mediática de Peña Nieto para conseguir su exoneración no tuvo reparo alguno, incluido el ofrecimiento descarado de prebendas a los magistrados que resolvieran a su favor. La operación de cabildeo y presión fue denunciada en un artículo de Roberto Zamarripa en Reforma, titulado “La Cena”, que con el paso del tiempo lo único que fue desmentido de esa información es que se trató de una comida y no cena. La misma magistrada presidenta del TRIFE, María del Carmen Alanís, reconoció el encuentro.

La cena que en realidad fue comida dio resultados: encubrió políticamente a Peña Nieto y lo salvó de declararle un acto anticipado de campaña, lo que hubiera originado la sanción de negarle su registro como candidato. Para poder hacerlo, el TRIFE produjo uno de los engendros jurídicos interpretativos más preocupantes en la historia del derecho electoral mexicano. De la esperanza pasamos al escándalo. Esa sentencia es la más contradictoria y anómala de todas las que han sido resueltas por el Tribunal Electoral.

El TRIFE determinó que sí hubo violación electoral, pero releva al funcionario público y sanciona a las televisoras. Si ya había navajeado el tribunal a la reforma electoral con varias decisiones absurdas, con ésta le infringe una cuchillada que la dejará moribunda en lo que fue su principal objetivo: castigar la contratación ilegal de propaganda electoral.

El absurdo es gigantesco y consta de lo siguiente: las normas de propaganda gubernamental sólo pueden ser transgredidas por servidores públicos, pues son ellos el sujeto activo de la norma. Según el criterio del tribunal es extendible a los particulares. Es como si una prohibición a un ministro de culto se aplicara a los feligreses, o a un ciudadano común y corriente. Con el nuevo criterio del tribunal, ahora cualquier persona física o moral puede transgredir el 134 constitucional, y su prolongación en el 228-5 del COFIPE.

En otras palabras, se exculpa al que ordena la difusión (quien tiene la responsabilidad directa), y se ordena sancionar a los medios, quienes tienen, a lo sumo, responsabilidad indirecta. Y no sólo eso, la Sala Superior vuelve a torcer la lógica del derecho, más preocupada por lo que los partidos dicen en su propaganda legal, que en sancionar a quienes contratan propaganda ilegal. La prohibición más importante de la reforma electoral es contratar propaganda; pero el Tribunal prefiere dar prevalencia a los dichos que sí sanciona como en el caso de la propaganda del PT.

Si antes califiqué de patético al TRIFE —por la sentencia sobre la elección de consejeros electorales en Querétaro—, ahora es menester lanzar una pregunta: ¿a quien le sirve así este Tribunal electoral, tan desprestigiado? Me anticipo: ni al mismo PRI ni a Peña Nieto; el descaro ha sido demasiado y la sentencia de antología para la colección de disparates nacionales.

Editorial de Javier Corral Jurado, para el Universal.

Texto integro: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52736.html

Sobre el autor:

Javier Corral Jurado (Ciudad Juárez, Chihuahua; 2 de agosto de 1966) es un periodista y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, Diputado Federal de la LXI Legislatura, en donde se desempeña como Presidente de la Comisión de Gobernación.

Principal opositor de la llamada Ley Televisa y de la Licitación 21, ha sido Diputado Local, candidato a la Gubernatura del Estado de Chihuahua en 2004 por la coalición PAN-PRD-Convergencia y Senador de la República por el Estado de Chihuahua. Conocido por ser crítico de compañeros de su partido como Francisco Molinar, con quien debatió en 2010 sobre la Licitación 21, y de Felipe Calderón a quien ha cuestionado en múltiples ocasiones. Reconocido, incluso por simpatizantes de los partidos adversarios.