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domingo, 2 de octubre de 2011
IV Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral TEPJF
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Inmovilismo
Pascal Beltrán del Río
Los señores feudales del PRI, PAN y PRD quieren hacernos creer que difieren la toma de decisiones importantes en aras de la responsabilidad política.Imagine que un día, en una elección cualquiera, nadie saliera a votar. Que, a pesar de que todas las casillas se hubiesen instalado en tiempo y forma y ningún funcionario faltara a su cita, no cayera un solo sufragio en las urnas.
El resultado sería una crisis legal, pues ningún código electoral y ninguna constitución del país prevén un escenario así. Ni siquiera cabría anular los comicios.
Los ciudadanos van a votar porque —entre otras razones— tienen la expectativa de que sus ideas y anhelos sean representados por alguien. Quieren que ese representante o funcionario haga que las cosas sucedan.
Sin embargo, el sistema político mexicano está diseñado para que las cosas no sucedan, que se mantengan estáticas.
Si México hubiera alcanzado el Shangri-La, se justificaría un arreglo así. ¿Para qué moverle, si todo es perfecto? Pero México es un barco que viaja sin rumbo en las procelosas aguas de la globalización, con una tripulación inquieta y fastidiada. A ese barco lo guían tres capitanes, quienes, tomados simultáneamente del timón, impiden que el barco deje el punto muerto y tome un curso propio.
Cada seis años, uno de ellos se pone el gorro de capitán, pero no engaña a nadie: los otros dos hombres saben que se trata sólo de una formalidad. Si quien tiene la gorra intenta dar un golpe de timón, los otros dos aplicarán una presión suficiente para que éste no gire. Unas veces se reirán de él por intentar lo físicamente imposible —dos casi siempre pueden más que uno— o se indignarán porque su compañero de viaje ha llegado a creer que la gorra es realmente suya, cuando sólo es prestada.
Hay quienes celebran la inmovilidad que genera el sistema político mexicano. Suponen que el hecho de que nadie pueda imponer un rumbo representa un equilibrio perfecto. El problema es que México no se encuentra solo en el mundo, y que su interrelación con otras naciones genera oportunidades y problemas ante los que el país no actúa.
El mundo ha cambiado dramáticamente en los últimos 15 años. Piense en cómo era la vida entonces. Hace tres lustros, internet estaba en pañales, lo mismo que los teléfonos inteligentes; el euro no había entrado en circulación y la Unión Europea tenía apenas 15 países miembros, y Nintendo seguía dominando el mundo de los videojuegos, con su consola N64, en la que los usuarios podían jugar Super Mario y Donkey Kong.
Un área que muestra cómo ha sido afectado México por su falta de rumbo durante ese lapso es la innovación tecnológica.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el número de patentes concedidas a residentes en todo el mundo creció de 331 mil en 1996 a 424 mil en 2008. En ese mismo periodo, España pasó de 736 patentes a dos mil 32; Corea del Sur, de ocho mil 321 a 61 mil 115, y México… de 116 a 197.
La propiedad intelectual se ha convertido en uno de los pilares del comercio mundial y en eje de las políticas públicas de buen número de países. Sin embargo, en México no ha tenido la menor atención de los gobiernos del PRI y el PAN en los últimos tres lustros.
La inmovilidad ha propiciado un rezago de México en el lugar que ocupa en el mundo. Seguimos teniendo las enormes ventajas que representan nuestra ubicación geográfica, extensión territorial y composición demográfica, pero nuestro desarrollo se mantiene dependiente de las materias primas y de industrias clave como la automotriz. ¿Cuánto nos durará esa inercia?
En lo interno, la inmovilidad ha dado al traste con la reforma de las instituciones y el marco legal. Como ninguna de las tres fuerzas políticas quiere que alguna de las otras dos pudiera sacar una ventaja política de las reformas que urgen al país, las tres han apostado por el statu quo.
Eso ha hecho que México no se actualice institucionalmente y que las políticas públicas sean por lo general reactivas y muy limitadas. También nos ha impedido contar con suficientes recursos fiscales para realizar las obras de infraestructura indispensables para nuestro desarrollo.
Los señores feudales del PRI, PAN y PRD quieren hacernos creer que difieren la toma de decisiones importantes en aras de la responsabilidad política. En realidad, nos quieren engañar, porque lo que hacen es más que diferir: evitan tomar decisiones.
Arrastrar los pies es ya una política deliberada que permite a esos tres partidos —así como a sus paleros y acompañantes—mantener un estado de cosas que en nada beneficia a la mayoría de los mexicanos, castigados por la falta de crecimiento del país. En realidad, los únicos que sacan ventaja son quienes se perpetúan en los cargos públicos, brincando de uno a otro, sin necesidad de que exista la reelección inmediata.
En su engaño, reciben el apoyo de los tontos útiles que tanto sermonean sobre el sacrosanto equilibrio político que genera el voto de los ciudadanos. Olvidan que ese voto se transforma en el veto de los partidos políticos. Nosotros votamos y ellos vetan.
La mejor muestra de ese veto es la ausencia de tres de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral. Hace diez meses que la Cámara de Diputados debió nombrarlos. El problema es que el sistema que se impuso para la renovación de los consejeros permite que dos fuerzas políticas puedan vetar lo que quiere la tercera.
Es decir, los partidos políticos tienen el lujo de hacer lo que sería impensable para los ciudadanos: no votar.
No me cabe duda que habrá tres nuevos consejeros esta semana, porque la clase política no puede darse el lujo de que el proceso electoral federal, que arranca el próximo viernes, comience con un IFE incompleto. Se necesita ese proceso mediante el cual se transferirá la gorra de capitán de un partido a otro —con la posibilidad de que quede en manos del mismo—, porque la prolongación del estado de cosas requiere ese rito.
¿En qué momento el IFE se convirtió de garante del derecho ciudadano de votar en una simple oficialía de partes de la partidocracia? Es una pregunta que debemos hacernos al espejo, porque todos los ciudadanos lo hemos permitido, igual que hemos dado pie, con nuestra inacción, al desesperante inmovilismo de la clase política.
Acabamos de verlo con la malograda reforma política. Una serie de medidas —empujadas por una sociedad civil desorganizada, hay que decirlo— que tenían por objetivo arrebatar algo de la representación política que ha monopolizado la tríada de partidos, acabó en muy poco.
No desdeño lo que se ha logrado, hasta ahora, en comisiones. Las candidaturas independientes, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la consulta ciudadana son instrumentos importantes, pero dudo que tengan la fuerza para modificar el statu quo. La estructura del poder y los mecanismos de toma de decisiones permanecerán (casi) inalterados.
Otra cosa sería si se aprobara la reelección, aunque no sea una panacea. Ésta sí que podría desatar una dinámica de cambio pues trastocaría una de las esencias del sistema: el control de las candidaturas por parte de la cúpula de los partidos políticos.
No en vano ha sido tan duro el debate sobre ese tema entre conservadores y reformistas. Hay demasiado en juego.
Sin embargo, a punto de arrancar el proceso electoral, no hay mucho que hacer de inmediato desde el ámbito legal. La apuesta ciudadana —más allá de las preferencias ideológicas o partidistas de cada quien— debiera ser una agenda de cambio, que inserte mejor a México en el mundo y que abra la representación política actualmente secuestrada por una minoría. Cuando esa agenda, y no los intereses de la clase política, sea la prioridad de la discusión en las Cámaras, podremos aspirar a que este barco, en que viajamos todos, deje de navegar a la deriva.
Una columna de Pascal Beltrán del Río, para Excélsior.
Téxto integro: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=771984
Sobre el autor:
Pascal Beltrán del Río Martin (Lansing, Michigan, 11 de abril de 1966) es un periodista mexicano. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría de entrevista, en las ediciones 2003 y 2007.
En 1986 ingresó en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se licenció en Periodismo y Comunicación Colectiva.
jueves, 29 de septiembre de 2011
De “gobiernos divididos” a “gobiernos compartidos"
Alfonso Zárate Flores
La alternancia y su preámbulo —la pérdida de mayoría del PRI en la Cámara de Diputados en 1997— hicieron evidente que una clase política rústica, poco habituada a la convivencia democrática, tenía dificultades para procesar sus diferencias. En ese momento, el Presidente de la República no sólo dejó de ser Gran Legislador, sino que, desde entonces, varias de sus iniciativas de mayor calado han sido “congeladas” o empobrecidas por la fuerza de las oposiciones.
A la ausencia de una mayoría simple del partido del presidente en ambas cámaras se ha agregado la incapacidad en el Ejecutivo para convertir la política —diálogo, negociación, intercambio— en instrumento privilegiado para la gestión de gobierno en un contexto de pluralidad y competencia por los espacios de poder.
Sin ruta ni destino, Fox ignoró las aportaciones que presentaron decenas de expertos en las mesas para la reforma del Estado que condujo Porfirio Muñoz Ledo y no supo qué hacer para lograr los votos necesarios para acompasar las instituciones a las nuevas circunstancias.
En el primer tramo del gobierno de Felipe Calderón, un ejercicio sagaz desde Los Pinos permitió avanzar en temas de enorme importancia, como la nueva Ley del ISSSTE, pero en algún momento se perdió el rumbo; quizás cuando Juan Camilo Mouriño dejó la Oficina de la Presidencia para ocupar la titularidad de Gobernación.
Para atender las dificultades de un gobierno sin mayoría en el Congreso, el Presidente planteó la “segunda vuelta” en la elección presidencial (mecanismo que, aunque no garantiza un gobierno de mayoría, obligaría a la formación de alianzas partidistas para alcanzar el porcentaje de votación requerido). Peña Nieto ha propuesto volver a la “cláusula de gobernabilidad” para otorgar una mayoría absoluta en el Congreso (50% más uno) al partido que obtenga una votación de “cerca del 40%”, lo que implicaría una sobrerrepresentación no decidida por los electores de al menos 10%.
Con el mismo objetivo, favorecer la gobernabilidad, el senador Beltrones presentó una iniciativa de reforma que abriría al Ejecutivo la opción de integrar un gobierno de mayoría sumando aliados a su gobierno. El presidente electo cuyo partido no cuente con la fuerza legislativa necesaria podría convenir con otros partidos la formación del gabinete y el programa político a instrumentar durante la legislatura; en tal caso, el Senado ratificaría a los integrantes del gabinete —seguirían siendo nombrados y removidos libremente por el presidente— y ambas cámaras registrarían las políticas públicas convenidas para su observancia y seguimiento.
Un gobierno de coalición —se apunta en la exposición de motivos— permitiría la construcción de un sistema estable de alianzas entre fuerzas políticas y entre los poderes que fortalecería el funcionamiento del Estado, le daría mayor capacidad para procesar las discrepancias naturales que implica la pluralidad y dotaría tanto al Ejecutivo como al Legislativo de una nueva capacidad para conducir las transformaciones que México requiere.
En la siguiente legislatura, el presidente podría integrar su gobierno conforme a los resultados obtenidos en la elección federal intermedia; es decir, podría decidir gobernar en solitario o, de nuevo, integrar una coalición política que le agregara respaldo legislativo y gobernabilidad al ejercicio gubernamental.
Se trata de instaurar incentivos para la cooperación política o, dicho de otra manera, de transitar de los “gobiernos divididos” a los “gobiernos compartidos”.
Sin embargo, hay muy pocas posibilidades de que esta iniciativa se discuta seriamente en la Cámara de Diputados, no obstante que un grupo de legisladores de distintos partidos ha recibido positivamente la propuesta y sumado un ingrediente más al debate: la necesidad de que el eventual “gobierno de coalición” sea conducido por un “jefe de gabinete” con responsabilidad ante el Congreso. En cualquier caso, todo indica que el contexto sucesorio ha clausurado la posibilidad de acuerdos sustantivos.
Por otra parte, el ánimo preponderante en estos días —que podrá cambiar en los meses de campaña— parece anticipar una victoria contundente del PRI en la elección presidencial que podría contagiar las otras elecciones, lo que haría vana esta discusión. “The winner takes it all”, nos recuerda Abba, por lo que tener la mayoría en el Congreso, así sea precaria, invitaría al triunfador a gobernar sin atarse a coaliciones de ningún tipo, aunque esto signifique hacerlo con la férrea oposición de formaciones políticas con una representatividad equiparable a la suya.
Una columna de Alfonso Zárate Flores, para El Universal
Sobre el autor:
Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.
más... http://www.eluniversal.com.mx/opinion/v3/e107.html
jueves, 25 de agosto de 2011
La Segunda Transición
Mauricio Merino
Durante mucho tiempo se creyó que la pluralidad política y la alternancia en los puestos de elección popular —especialmente en la Presidencia de la República— conducirían casi de manera automática a la construcción de gobiernos más democráticos, más abiertos y más eficaces. No era una creencia ingenua, sino que estaba fundada en los manuales de ciencia política y en la evidencia empírica comparada: la historia reciente de otros países mostraba, en efecto, una fuerte correlación entre mayor pluralidad política y mejores gobiernos. Pero las correlaciones simples no siempre explican las causas más complejas de los grandes procesos sociales, ni mucho menos producen leyes científicas de cumplimiento obligado.Así que, aunque la política comparada sigue mostrando una innegable correlación virtuosa entre pluralidad partidaria y calidad de gobierno en casi todo el resto del mundo, en México todavía no hemos disfrutado los buenos efectos de esa prometedora ecuación. Por el contrario, la percepción cada vez más extendida entre nosotros es que la pluralidad ha sido sinónimo de conflictos inútiles, de bloqueo sistemático entre poderes y de ineficacia gubernativa; también se ha expandido la idea de que los partidos que encarnan esa pluralidad son organizaciones oscuras, costosas e ineficientes y que, más que pesos y contrapesos y mejores resultados en la gestión pública, han producido gobiernos corruptos, impunidad y una creciente desafección de los ciudadanos hacia la democracia.
En algún momento de finales del siglo XX apostamos en exceso por las virtudes de la pluralidad partidaria gestada en las urnas, hasta el punto de creer que todos los demás cambios vendrían como consecuencia automática de los votos. Siempre he creído que —con toda su importancia y su dimensión histórica— sobrevaloramos los efectos de la transición democrática sobre el régimen de gobierno. Creímos que una vez instalada la pluralidad partidaria, el resto de las mudanzas caerían por su peso, como fruta madura, y dejamos a las leyes del fatalismo histórico la muy ardua tarea de modificar la forma de gobernar. Y, claro, eso no sucedió. De modo que hoy elegimos democráticamente gobiernos que siguen actuando aun con gradaciones y matices distintos— de conformidad con los más viejos patrones autoritarios.
Con ese telón de fondo, no es de extrañar que los herederos legítimos del régimen anterior estén a punto de volver al poder. No es que haya desmemoria de los más viejos o ignorancia de los más jóvenes, ni mucho menos una traición colectiva a la democracia recién conquistada (o algo así); lo que sucede es, más bien, que nuestra transición nunca completó la tarea y que, salvo algunos cambios en los márgenes del sistema, dejó prácticamente intacta la forma de gobernar. Así que a la mayoría no le espanta demasiado la vuelta al pasado, porque en realidad ese pasado nunca se fue: cambió de nombres, de siglas, proyectos, clientelas y héroes patrios, pero en todo lo que tiene de fundamental nuestro régimen de gobierno siguió igual. Como diría Sor Juana en sus muy conocidos versos sobre el machismo: actuamos como el niño que pone el Coco y luego le tiene miedo.
El riesgo no es tanto la vuelta al pasado —cosa que no podría suceder—, cuanto la probable anulación de la pluralidad misma. Con los números que arrojan las encuestas actuales, el PRI no sólo podría ganar la Presidencia de la República holgadamente, sino la mayoría del Congreso. Y apenas es necesario añadir que ya cuenta con la mayoría de los gobiernos locales —de estados y municipios— y con el mayor número de diputados en todo el país. De consolidarse un escenario político como ése, y sin haber modificado el régimen de gobierno cuando debimos hacerlo, no es imposible que la conformación del sexenio siguiente se parezca muchísimo al que encabezó Carlos Salinas de Gortari. Un gobierno de mayorías cómodas para tomar decisiones, con oposiciones más menos extendidas en las legislaturas y en los estados, pero con muy amplios márgenes para negociar y elegir libremente entre enemigos y aliados.
En el caso de que así fuera, tendríamos que reconocer que el sistema electoral habría sido tanto la vía hacia la fiesta de la pluralidad partidaria como de la vuelta al predominio de un solo partido. Pero la sola posibilidad de que eso suceda debería despertarnos del letargo en el que caímos a golpe de votos, para pugnar en serio por la reforma al régimen de gobierno. Hay que poner en marcha, en cualquier caso y lo más pronto posible, la segunda transición a la democracia: la del ejercicio democrático de la autoridad, para que nos angustie menos el desenlace de los comicios y nos importe más la gestión cotidiana de nuestros gobiernos.
Una columna de Mauricio Merino, para El Universal
Sobre Mauricio Merino Huerta
Mauricio Merino es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito y coordinado varios libros y ensayos sobre su especialidad. Sus libros más importantes son: "Gobierno Local", "Poder Nacional", publicado por El Colegio de México; "La ciencia política en México" y, recientemente, "La Transición Votada", crítica a la interpretación del cambio político en México, estos dos publicados por el Fondo de Cultura Económica. En esa misma casa editorial ha coordinado la colección editorial "Nuevas Lecturas de Política y Gobierno".
Fue presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública; ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en El Colegio de México (COLMEX), en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y ha impartido pláticas y conferencias en más de 30 universidades de México y del extranjero.
Entre 1996 y 2003 fue Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, donde presidió la Comisión del Servicio Profesional Electoral y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.
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