La reforma posible

Alfonso Zárate Flores

Luego de 16 meses de reflexión y de debate, caminan algunas de las propuestas que de aprobarse dotarían al sistema político de mejores instrumentos para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes y, a un tiempo, reconocerían mayores poderes a los ciudadanos.

El dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos incluye avances en materias significativas. Por un lado, fortalece el poder ciudadano a partir de las candidaturas independientes para cargos de elección popular, incluido el de Presidente de la República, que podrían entrar en vigor en 2012; el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley contando con el respaldo de, al menos, el 0.25% de la lista nominal de electores (unas 205 mil personas); la consulta popular en materias sensibles e, igualmente, la reelección consecutiva de legisladores (para los diputados hasta en dos ocasiones a partir de 2015, para los senadores en una ocasión a partir de 2018).

Otras reformas se orientan a favorecer la gobernabilidad, tal es el caso de la “iniciativa preferente” que le permitiría al titular del Ejecutivo presentar a la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso hasta dos iniciativas que deberían ser dictaminadas en un plazo no mayor a 30 días; la reconducción presupuestal vinculada a la facultad del presidente de hacer observaciones al presupuesto de egresos: en caso de no aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación, seguiría vigente el del año anterior, y lo mismo en cuanto a la Ley de Ingresos; el mecanismo para resolver “provisionalmente” la falta absoluta del presidente de la república: en tanto el Congreso nombra presidente interino o sustituto, asumiría la titularidad del Poder Ejecutivo el secretario de Gobernación; si éste faltara, el de Hacienda y, en su ausencia, el de Relaciones Exteriores.

Prácticamente todos los temas de la reforma son controversiales. La posibilidad de postular al margen de los partidos a un ciudadano ejemplar, querido y respetado en un municipio pequeño o mediano constituye un avance; sin embargo, cuando lo que se disputa tiene mayor densidad —la capital de un estado, una gubernatura o, más aún, la Presidencia de la República—, los riesgos son evidentes. Uno central: que para ser viable, una candidatura “independiente” necesitaría contar con sólidos apoyos financieros y de otra índole por parte de los poderes fácticos —legales o ilegales—, y entonces resultaría que el llamado “independiente” terminaría siendo el más dependiente de los candidatos, uno que le habría vendido su alma al diablo.

La reelección de los legisladores dejará en los ciudadanos, y ya no en las dirigencias de los partidos, la posibilidad de mantenerse en el cargo, lo que debe propiciar un compromiso creciente con los electores; sólo que a veces el “pueblo bueno” se equivoca y algunos especímenes podrían hacer carrera. Por otro lado, no hay garantía de que la reelección “profesionalice” el trabajo parlamentario, aunque esa aspiración constituye una especie de consenso irrefutable entre analistas y expertos.

En lo relativo a la consulta popular, el requisito para que un grupo de ciudadanos pueda plantearla la dificulta al máximo: un número de personas equivalente al 2% de la lista nominal de electores, aproximadamente un millón y medio de ciudadanos. En los hechos, la figura se convertirá en herramienta de gobiernos y/o fuerzas legislativas sin poder suficiente para aprobar sus iniciativas.

Por otra parte, el mecanismo previsto para enfrentar la falta absoluta del presidente de la república no soluciona la tortuosa ruta de salida ante la emergencia, porque el problema político se mantiene: conformar una “mayoría absoluta” en un Congreso fragmentado en por lo menos tres fuerzas. La novedad es relativa y cuestionable: el primero en la lista de prelación sería el secretario de Gobernación, un funcionario no ratificado por el Legislativo.

Algunos temas importantes, que se han discutido por años, quedaron fuera: la reelección de los alcaldes y jefes delegacionales, no obstante que el periodo de tres años resulta claramente insuficiente; la reducción del número de diputados “plurinominales” y la supresión de esa aberración que constituyen los senadores por lista nacional; tampoco se abordó el fuero legislativo, pese a la urgencia de evitar los abusos que se cometen bajo su amparo, ni el muy escaso calendario de sesiones del Congreso (dos periodos de tres meses que se traducen en vaporera legislativa en las últimas semanas)…

A pesar de los vacíos y las ausencias, de concretarse las reformas planteadas por el Senado —falta la aduana de la Cámara de Diputados, en la que todo puede descomponerse, y más tarde la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales—, se abrirán nuevos cauces a la ciudadanía y se avanzará en un sentido democrático. Lo que tenemos en curso es, a final de cuentas, la reforma posible. Y la última de gran calado antes de que arranque, en octubre, el proceso de sucesión presidencial.

Editorial de Alfonso Zárate Flores, para El Universal

Texto integro: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52552.html

Reseña del autor:

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.

En el sector público fue, entre otros cargos, director general de Análisis Político en la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, asesor del subsecretario de Gobernación y en el ámbito académico fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED) y la Universidad Iberoamericana (UIA). Es autor y coautor de numerosos ensayos y artículos y de varios libros, entre ellos, Los usos del poder, Fin de siglo, fin de ciclo y Fox: los días perdidos.

La reforma política

Lorenzo Córdova Vianello

Finalmente, luego de más de un año de discusiones, el Senado aprobó modificaciones constitucionales en la llamada “reforma política”. A pesar de que el número de iniciativas en el Congreso para modernizar el régimen político había sido copiosa en la última década (al menos), el proceso que culminó ayer en su primera etapa en la Cámara Alta fue desatado por el decálogo que el presidente Calderón envió al Senado en diciembre de 2009 y que desencadenó que los grupos parlamentarios, así como por varios senadores, presentaran una decena de iniciativas adicionales en los meses siguientes.

En su conjunto las propuestas específicas fueron más de 50 y constituyeron un abanico variado: desde la modificación al régimen de suspensión de garantías en el artículo 29 —incorporado en la reforma de derechos humanos que hoy se discute en los estados— hasta la autonomía del Ministerio Público, pasando por mecanismos de democracia directa, sistema electoral y controles recíprocos entre poder Legislativo y Ejecutivo.

El proceso de negociación duró más de 12 meses y evidenció dos cosas. Por un lado, la existencia de consensos y disensos irreductibles (la minuta es resultado de los primeros y de algunos puntos que fueron matizados respecto de las propuestas originales, así como de algunos aspectos que implicaron un acercamiento entre las partes). Por otro lado, la fragilidad del tema ante los vaivenes cotidianos de la política. Pese a ser asuntos de una agenda que debería trascender el momento concreto, los eventos políticos gravitaron de manera importante en la negociación. Recuerdo que el senador Arturo Núñez afirmaba que “los temas calientes requieren de tiempos fríos”. Por eso es aplaudible que a pesar de que las épocas que corren no son las más propicias (las aguas de la política están agitadas), se haya hecho un esfuerzo para sacar adelante este paquete.

Los temas que aborda la reforma son: la posibilidad de que un conjunto de ciudadanos presenten iniciativas de leyes o decretos; un mecanismo de consulta popular que, si tiene más de 40% de participación resulta vinculante para los órganos públicos y que contiene suficientes candados (como control de constitucionalidad previa por la SCJN) para evitar derivaciones plebiscitarias antidemocráticas; candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular; iniciativas preferentes del Presidente que deberán tener prioridad en la discusión parlamentaria; la posibilidad expresa de que el Ejecutivo haga observaciones al Presupuesto; la reconducción de normas fiscales y gasto público para el año siguiente en la eventualidad de que las correspondientes no estén aprobadas en tiempo; un mecanismo de sustitución automática del Presidente en caso de falta absoluta en tanto el Congreso nombra Presidente interino o sustituto; ratificación por el Senado de los titulares de los órganos reguladores de competencia, energía y telecomunicaciones; encarecimiento de la cláusula de gobernabilidad en la ALDF; y reelección consecutiva acotada de los legisladores federales (y la posibilidad de que ello ocurra en los legislativos locales).

Frente a la cantidad de propuestas presentadas, podría parecer que lo logrado es muy poco. Sin duda quedan muchos temas pendientes para concretar una reforma a fondo del Estado, como la autonomía plena del Ministerio Público o la plena democratización y apertura del sistema de partidos a nuevas alternativas, o la revisión integral del sistema de responsabilidades públicas. Pero también es cierto que los temas introducidos son de gran relevancia. Hay que asumir esta reforma como un paso consistente pero insuficiente en el proceso de transformación democrática del diseño del Estado, y en nosotros queda crear el contexto de exigencia para que el tema no se finiquite sino que siga teniendo prioridad. Debemos verla —y exigir que así sea— como un paquete de cambios  desencadenante y no concluyente. El proceso legislativo acaba de iniciar. Falta que la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales avalen. Muchos dicen que la Cámara Baja bloqueará los cambios atendiendo a intereses concretos. Sería algo inaceptable ceder a esas mezquindades y cortoplacismos. Queda a todos el impedir que ello ocurra.

Editorial de Lorenzo Córdova Vianello, para El Universal.

Texto integro: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52557.html

Reseña del autor:

Lorenzo Córdova Vianello, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.

Mujeres al poder en México

Emilio Rabasa Gamboa

Procuraduría General de la República representa, sin duda, un avance más del género femenino en los espacios de la administración pública y, en particular, en el campo de la administración de la justicia. Sin embargo, la equidad de género dista mucho de ser una realidad en los tres Poderes de la Unión, tanto a nivel federal como estatal.

De 18 secretarías de Estado, sólo dos de ellas tienen como titular a una mujer: en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; y en la Secretaría de Turismo, Gloria Guevara Manzo. Ámbito disminuido de la presencia femenina, otras mujeres que empezaron al frente de alguna secretaría en el 2006, ya no figuran dentro del gabinete presidencial: en la Secretaría de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche; en la Secretaría de Energía, Georgina Kessel Martínez; y en la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota (aunque actualmente es diputada federal, coordinadora de su fracción parlamentaria y aspirante a la Presidencia de la República para el 2012 por el PAN).

A nivel local, sólo una entidad federativa de 32, Yucatán, es gobernada por una mujer: Ivonne Ortega Pacheco y de las casi 2 mil 500 presidencias municipales, tan sólo 112 tienen como titular a una persona de sexo femenino (4.5% aproximadamente).

Durante el Congreso Internacional “Participación Política y Liderazgo Femenino”, que tuvo lugar en la ciudad de México, los días 31 de marzo y 1 de abril, se mencionó que sólo hay 267 mujeres diputadas de mil 134 legisladores, 23.5% del total.

Aunque el PRI es el partido que cuantitativamente cuenta con más curules ocupadas por mujeres (53), es quien también tiene el porcentaje más bajo en la proporción hombres-mujeres (77.9 vs. 22.1% respectivamente). En sentido contrario, el Partido Convergencia mantiene una paridad de cuatro hombres y cuatro mujeres, es decir, 50 y 50%. En el Senado de la República de las 128 curules disponibles, 30 son ocupados por mujeres, 23.4%.

En el ámbito internacional la presencia femenina en el campo legislativo nos coloca en mejor posición. Estados Unidos tiene 92 diputadas y senadoras de 535 cargos posibles (17%). En Francia, sólo hay 113 mujeres de un total de 577 (19.6%); y 80 senadoras de un total de 341 (23.5%). En Inglaterra hay 144 mujeres de 648 escaños en la Cámara de los Comunes (22.2%); y sólo 181 mujeres de 831 lugares posibles en la Cámara de los Lores (21.8%).

En cuanto al Poder Judicial de la Federación, únicamente hay 80 jueces de sexo femenino, de un total de 301 (26.5%); más arriba de la estructura jurídica, tan sólo encontramos a 94 mujeres que ocupan el cargo de magistrado, de un total de 546 puestos (17.2%); una sola mujer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y sólo dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 lugares en total.

En el dictamen de las comisiones senatoriales que conocieron de la solicitud del Ejecutivo federal para ratificar a Marisela Morales se asienta que fue valorada su conducta personal, capacidad, vocación por el servicio, probidad y honorabilidad, así como experiencia profesional en el derecho. Y se indica que fue posible “advertir la pericia que como jurista refleja”. Es de celebrarse que así haya sido evaluada, y no que se le ratifica para cumplir con cuota alguna de género en la PGR o bien por la distinción que recientemente le hicieron Michelle Obama y Hillary Clinton en Estados Unidos, con lo que prevalece el principio enunciado por John Stuart Mill en su célebre escrito The Subjection of Women (1869) cuando indicó que “el principio de la subordinación de un sexo al otro debe ser remplazado por el de la perfecta igualdad que no admite poder o privilegio de un lado e incapacidad del otro”.

El nombramiento de la hoy procuradora Morales rompe con el monopolio del género masculino que hasta ahora había tenido la PGR en la dirección de la institución, mientras que el Banco de México se mantiene impenetrable a la presencia femenina en su altos mandos, al haberse negado la oportunidad a alguna de las muy capaces mujeres con que cuenta para figurar siquiera en la terna para integrar su Junta de Gobierno. ¿Será que los banqueros, como también lo demostraron durante la reciente Convención Bancaria en Acapulco, no creen que las mujeres puedan aportar su capacidad en las finanzas públicas porque sólo las consideran “totalmente Palacio”?

Una editorial de Emilio Rabasa Gamboa para El Universal

Texto integro http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52368.html

Breve reseña bibliográfica del autor:

Cursó estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, obteniendo el grado de Maestro en Filosofía Política. Cursó el doctorado en la Facultad de Derecho en la UNAM.

 

Ha impartido clases en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la UAM, el ITAM, la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente se desempeña como docente-investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

¿Y Marcelo?

Ezra Shabot

Para una buena parte de la izquierda perredista, la figura de Marcelo Ebrard se perfila como una apuesta coherente y viable para la elección del 2012. La más reciente encuesta de EL UNIVERSAL lo sitúa en una posición ascendente, tanto en el reconocimiento que tiene por parte de los capitalinos, como en la visión que se tiene de él rumbo a la carrera presidencial. La jugada maestra de Ebrard dentro del PRD fue haber sostenido su liderazgo político a partir de las alianzas con otros partidos incluyendo el PAN. El triunfo de Ángel Heladio Aguirre Rivero en Guerrero fue la pieza fundamental que hacía de las alianzas el mecanismo idóneo para vencer al PRI y fortalecer la figura de Marcelo.

Ebrard mantuvo siempre la posición de que no sería él quien generara la ruptura con López Obrador, sino que confiaba en que su ejercicio de gobierno y el apoyo obtenido por parte de Nueva Izquierda, aunado a su patrocinio a los distintos proyectos aliancistas, le permitiría convencer a López Obrador de que su candidatura presidencial era más viable que la del tabasqueño. Sin embargo, la lectura que Marcelo ha hecho de López Obrador parece tener un error de fondo. AMLO no está dispuesto a negociar su candidatura rumbo al 2012 bajo ningún argumento racional. Es él y su circunstancia, y el resto del mundo se puede ir al diablo.

En esta lógica antirrupturista de Ebrard, se presentó el proceso sucesorio dentro del PRD. Marcelo contaba con la fuerza suficiente para aliarse con Los Chuchos y obtener la presidencia y secretaría general del partido. Sin embargo, en esta postura incluyente, el grupo marcelista optó una vez más por mantener el equilibrio catastrófico dentro del partido, asignando la presidencia a Zambrano y la secretaría general a Padierna. A partir de ese momento, Ebrard perdió el control del proceso de selección de candidato a la Presidencia de la República, y López Obrador se adueñó de una u otra forma de una buena parte del partido.

Tan fue así, que la propuesta de consulta a la ciudadanía en el Estado de México se vino por la borda desde el momento en que a pesar del sí masivo a la alianza, Encinas optó por lanzar su candidatura junto con PT y Convergencia, descartando al PAN. Lo que antes de la elección interna del PRD parecía una fuerza contundente en favor de la unión izquierda-derecha, terminó por convertirse en el discurso de la izquierda unida sin los panistas, lo que representa a todas luces la victoria de López Obrador sobre Marcelo Ebrard. Los marcelistas perdieron el poder y perdieron el partido.

El pasado miércoles, Ebrard realizó lo que se puede definir como la reafirmación de su intentona por ser candidato a través de un mitin en donde demostró la fuerza que aún mantiene. Marcelo intenta evitar a toda costa la ruptura con López Obrador hasta el momento de la definición de la candidatura presidencial perredista, y si para ello tiene que aceptar la cancelación de la alianza en el Estado de México, parece estar dispuesto a pagar ese precio. Su cálculo hoy parece equivocado, en el entendido de que López Obrador será candidato de PT y Convergencia, y con ello jalará al sector perredista que le es fiel. La idea de que AMLO acepte a Ebrard como candidato de las izquierdas se ve hoy imposible.

Además, algo que le queda claro a Marcelo y que López Obrador jamás considera, es el hecho de que una elección se gana sólo cuando se consigue aglutinar, en torno al candidato, un proyecto que aunque definido como de izquierda, incorpora gran parte del planteamiento centrista de las clases medias quienes hoy son determinantes en un eventual triunfo electoral. Ebrard se encuentra hoy en la disyuntiva de representar ese proyecto de centro-izquierda que podría tener posibilidades reales de competencia, o sumarse a la idea de AMLO de pelear por 16% del voto, y desde ahí construir la candidatura para el 2018. Marcelo tiene hoy la última palabra.

Columna de Ezra Shabot para El Universal

Texto integro http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52263.html

Breve reseña del autor:

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Ezra Shabot Askenazi estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, obteniendo el título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Analista político y catedrático universitario con 22 años de trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, editorialista del periódico Reforma y colaborador de la revista Ejecutivos de Finanzas, publicada por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, así como de la revista Poder y Negocios. También escribió sobre asuntos del Medio Oriente en el periódico El Nacional.